¿Un gobierno que protege a las mujeres?

En el gobierno de la transparencia ha tenido que ser la Fiscalía General del Estado la que denuncie un hecho que sería insólito en cualquier otro Ministerio que no fuera el de Igualdad como es el sobreseimiento o la absolución de un número indeterminado de maltratadores por el fallo de comunicación de las pulseras de localización que garantizan la seguridad de las mujeres amenazadas. Si con la malhadada ley del «Sí es Sí», también impulsada desde Departamento que, supuestamente, defiende a las mujeres, creíamos haberlo visto todo en materia de mala gestión por razones ideológicas y sectarias, ahora nos encontramos con el típico caso de cambio de proveedor a otro más barato, como si conjurar la amenaza que pesa sobre unas víctimas del más descarnado machismo fuera menos prioritario que las campañas para compartir las tareas del hogar o para impulsar una nueva masculinidad en las que el Ministerio que dirige la socialista Ana Redondo se ha dejado cientos de miles de euros del erario público. No había dinero, al parecer, para mantener la calidad del sistema de vigilancia anti-maltrato proporcionado por Telefónica, una de las empresas multinacionales más prestigiosas del mundo de las telecomunicaciones, pero sí para, valga el ejemplo, esa aplicación de tareas domésticas a la que nos referíamos antes y que ha pasado inadvertida para la inmensa mayoría de la población de ambos sexos. Con todo, lo peor no es que no se avisara a la opinión pública de lo que estaba sucediendo, ni siquiera a todas las mujeres amenazadas, ni que los funcionarios adscritos al sistema Cometa, el que se encarga de las pulseras, tuvieran que suplir personalmente, con comparecencias en los juzgados, la pérdida de unos datos vitales, sino que la titular de Igualdad, Ana Redondo, se permita criticar a la Fiscalía por poner negro sobre blanco lo ocurrido y trate de minimizar el yerro hablando, sin datos contrastados, de que apenas es el 1 por ciento de los casos, como si fuera un asunto menor. Ciertamente, en cualquier democracia normalizada, un error de este tipo, en un ámbito de la máxima alarma social como es la violencia de género y cometido por un Gobierno que blasona de feminista, supondría la destitución inmediata de la responsable y la petición de excusas a los ciudadanos nada más detectarse el fallo. Pero en el ejecutivo que preside Pedro Sánchez es sabido que la responsabilidad siempre es de los otros, de la oposición, de los jueces o de los malvados empresarios, actitud política que siempre lleva a las mismas consecuencias: la permanencia en los cargos de malos gestores sin otros méritos que la fidelidad al jefe, caso paradigmático de Fernando Grande Marlaska y ahora, por lo visto, también de Ana Redondo. ¿De verdad va a seguir presumiendo Sánchez de que su gobierno es el de las mujeres?