«Hice lo que pude»

Me considero un privilegiado, porque privilegio es tener buenos maestros. Allá por 1989 fui elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (la APM). Lo fui durante doce años. Un tiempo en el que como juez treintañero –más dos de cuarentón– me formé como magistrado. Rodeado de gente excepcional, deseaba ir a nuestras reuniones: bastaba ver y oír para aprender de unos compañeros cargados de experiencia, prudencia, sensatez y una sabiduría que sólo te da el sentido vocacional de ser juez, no el puramente funcionarial.

Lo que en esos años aprendí no está en los libros, sí en unas personas de gran categoría humana y talla profesional. Estuve rodeado de quienes luego fueron magistrados del Tribunal Constitucional –dos fueron vicepresidentes– o que ya eran, o luego lo fueron, del Tribunal Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia o de sus Salas, de Audiencias Provinciales o decanos de grandes ciudades y uno, Fiscal General del Estado. Era la élite y estar con ellos, para mí, un lujo.

Mi primer presidente fue José Gabaldón, ya fallecido y a quien homenajeé en estas páginas. Cargado de sencillez, sentido común y autoridad, era un fuera de serie. Y mi segundo presidente, Ramón Rodríguez Arribas, fallecido hace un par de domingos. Gabaldón era un referente por su autoridad moral y Ramón llevó a la APM a unos niveles de peso en la vida judicial hasta ese momento inéditos. Hizo de la APM un grupo de presión. Tras jubilarse, llegó al Tribunal Constitucional, del que fue vicepresidente.

Ambos vivieron momentos muy duros para la Justicia. Gabaldón sufrió las consecuencias que supuso que el partido socialista traicionase el pacto constitucional, un golpe al que siguieron unos años de acoso a los jueces que el poder político veía como desafectos. Para Ramón supuso dirigir a una asociación cuyos miembros eran discriminados por su afiliación asociativa, a los que se les insinuaba que o abandonaban la APM o no harían carrera profesional.

Eran los años 90 y a la APM dirigida por Ramón le tocó remar en una vida política pródiga en casos de corrupción y en el que ese poder político se defendía calumniando a los jueces y desacreditando a la Justicia. Nada novedoso. Fueron tiempos en los que Ramón, con poco fruto, promovió la Confederación de Asociaciones Profesionales de la Justicia, un frente común de jueces, fiscales y secretarios judiciales para defender la independencia judicial. Pero los ataques también venían del poder mediático. Recuerdo una noticia calumniosa contra él aparecida en la biblia de la prensa progre, el BOE ilustrado. Ramón no acudió a querellas: directamente fuimos a ver a su dueño, considerado como el hombre más omnipotente de España, que embridó a su empleado.

Tras años de pelear frente a un partido que repudia la independencia judicial, le tocó dirigir a la APM cuando el signo político del gobierno cambió. Los maliciosos veían tiempos felices para la APM, tildada de asociación de cámara de la derecha gobernante, pero pasaba el tiempo y veíamos cómo se le daban largas a nuestro ideario. Constatamos su escaso interés por la Justicia: los nuevos dirigentes ni la entendían ni la apreciaban, una actitud que les ha resultado muy cara, como el tiempo les demostró. Y así hasta hoy. Aun con todo, Ramón peleó por mantener una interlocución privilegiada y logró frustrar algún que otro nombramiento tóxico para la Justicia, porque, a veces, el éxito más que en lograr está en evitar.

En medio de estos pesares, Ramón hizo de la APM una asociación sólida, madura. Alumbró con anchura de miras, casi con visión empresarial y ambición, una organización interna capaz de dar servicios a sus afiliados, cuyo número creció hasta aglutinar a más de la mitad de los jueces asociados y a la gran mayoría de los que, sin pertenecer a la APM, se identifican con ella; una APM que se mantiene como asociación de referencia en el mundo de la Justicia en general, de gran implantación en los medios y en la vida pública española.

Contaría decenas de anécdotas que viví con él y coincidimos por última vez en junio. Tenía 89 años y éramos ponentes en un acto centrado en la inicua sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. Ramón no se achantó y denunció que «cuatro jueces claramente marcados por su falta de imparcialidad han dictado una sentencia manchada por su parcialidad». Con pesar contó que como miembro de ese tribunal intentó, sin éxito, suspender la vigencia de esa ley mientras se dictaba una sentencia que tardaría trece años. Se habrían salvado muchas vidas, dijo. Y sin darse cuenta concluyó con un resumen de su vida como juez: «hice lo que pude». Y no es poco, sobre todo si se ha hecho mucho, si se ha vivido una vida plena.