La indigna campaña contra González Amador

Es un ciudadano corriente como decenas de millones de españoles. No es un famoso y tiene una notoriedad sobrevenida como consecuencia de ser la pareja de Ayuso. Tiene problemas con Hacienda, pero no es un defraudador confeso. La izquierda política y mediática está llena, incluso en el Gobierno, de ignorantes que desconocen el Derecho Tributario e incluso los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional. En algunos casos no me sorprende que atropellen la Constitución que prometieron cumplir y defender porque no la han leído. Es cierto, también, que la atropellan juristas como Cándido Conde-Pumpido y sus colaboradores que sirven al Gobierno y no al imperio de la ley. Muchos españoles han tenido, tienen y tendrán problemas con Hacienda que se ha convertido en un inquietante pseudopoder del Estado que produce pavor. El problema no son los inspectores y otros funcionarios de la Agencia Tributaria, sino los políticos que la instrumentalizan y mueven los hilos al servicio de intereses espurios. La situación se complica cuando la Fiscalía se une para ir en contra un contribuyente que tiene derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.

Lo sucedido contra González Amador es espectacular. Un auténtico escándalo. Los ministros y altos cargos del Gobierno se pasean por las televisiones y las radios insultándolo con total desfachatez. Se puede decir o hacer cualquier cosa con el objetivo de destruir personal y políticamente a Ayuso. Lo hicieron, sin éxito, utilizando a sus padres, luego le tocó al hermano y ahora a su pareja. La filtración de unos datos para hundir a González Amador es un grave delito y en mayor medida, si cabe, cuando ha sido realizado por alguien de la Fiscalía, que es un órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial y que tiene como misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». En ningún artículo de la Constitución o del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se autoriza un comportamiento tan reprobable como es filtrar los datos de un contribuyente. Por ello, es asombroso que la fiscal jefe de Madrid defienda que muchas personas de la Fiscalía tuvieron acceso a los datos sobre el novio de Ayuso. Este nivel de inseguridad e impunidad es una vergüenza.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).