El periodismo en España, indefenso ante la ¿Ley?

Pedro Sánchez es el perfecto pescador de agua dulce, un artista con caña de mosca, cuyos «pececillos» quiere que mantengan sus ojos fijos en un anzuelo que lanza una y otra vez. Y pican, siempre pican. Lo hacen en un río parlamentario de aguas bravas que bajan turbias. En esta DANA interminable el Gobierno acelera sus leyes para tener bajo el ala gubernamental a la Prensa, subyugada bajo las premisas de su decálogo progresista, que esconde un fin oculto y se guarda varios ases en la manga: aparca la transparencia en publicidad institucional y traspone solo los puntos que más le convienen del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, obviando otros que comprometen al Ejecutivo mismo. Es decir, avanza en la aplicación de normas que afectan a las obligaciones de los medios de comunicación, pero estanca otras que le obligan a mejorar su propia transparencia con el uso del dinero público destinado a «pagar» a los medios de comunicación por presuntas campañas publicitarias que, principalmente, se dirigen a medios afines a la órbita social-comunista.

Hace apenas una semana, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Una iniciativa que forma parte de ese Plan de Acción que pretende vestir como un fin supuestamente «democrático» el fortalecimiento de la «transparencia, la pluralidad y la independencia en el ecosistema informativo», dicen desde Moncloa, que insisten en que esta aprobación da cumplimiento al mandato constitucional del artículo 20.1.d) y desarrolla jurídicamente, «por primera vez» –defienden–, el derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información para garantizar la protección de la confidencialidad de las fuentes, consolidando así una prensa libre como pilar esencial de toda sociedad democrática. Palabrería jurídica para ocultar el verdadero fin: el control «parental» de la Prensa.

Y no lo digo yo, lo advierte la propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que asegura que el anteproyecto supone «una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente y un riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz».

Y el Gobierno lo hace con lanzamiento de mosca, de adelante a atrás y de nuevo adelante, con la pluma de las multas flotando sobre el curso del agua. Unas plumas en forma de sanciones disuasorias que pueden llegar hasta los 2,5 millones de euros al margen de la vía penal, simple y llanamente un arma disuasoria que dispara directamente a la sien del trabajo periodístico y del propio trabajador, al que ponen ante un pelotón de fusilamiento previo si trabaja con fuentes y material clasificado. Un ardid jurisprudencial para evitar que el periodismo siga siendo el contrapeso para los excesos de un poder que en la «era Sánchez» se ha convertido en un peso muerto que ha atorado los engranajes de la propia Democracia. Un plan intimidatorio contra los medios independientes que, advierto a navegantes, vamos a seguir ahí. Jara y sedal.