Inhabilitación permanente revisable

Ya solo falta atribuirse el alzamiento popular del dos de mayo contra las tropas francesas, no hay línea roja en la reescritura de la historia reciente y la memoria de todos. Lo ha hecho con el golpe del independentismo catalán de 2017, cuando, donde para explicar su relación con Esquerra, se arrogó la pacificación de Cataluña, omitiendo que la interposición del 155, acordada con el PSOE, la impulsó un Gobierno de Rajoy, cuyas reformas legislativas y apoyo a la Justicia fueron claves para coadyuvar a la enérgica actuación del poder judicial contra aquel conjunto de gravísimos delitos. Ahora lo hace para argumentar sus acuerdos con Bildu, patrimonializando la derrota de ETA, otra obra coral de nuestra democracia, en la que fue clave la unión de los grandes partidos en torno a grandes acuerdos del Estado, la actuación de impecables servidores públicos y la cooperación internacional, además, claro está, del papel jugado por las víctimas del terrorismo, como máxima referencia moral de una sociedad que nunca se doblegó ante la barbarie y el totalitarismo, desde Moncloa se reescribe todo.

A las víctimas la democracia se les sigue debiendo todo, porque hablar de la derrota de ETA no significa en modo alguno poder hacerlo de la victoria de las víctimas, ya que lo que ellas perdieron es irrecuperable. Esa es la causa de que el Estado siempre esté en deuda con ellas, materializándola en actos de memoria, reconocimiento y apoyo, pero también impidiendo los actos de humillación que les puedan infligir, tanto quienes fueron sus verdugos, como quienes defienden su legado de chantaje y terror. Por eso no es decente la presencia de terroristas no arrepentidos en listas electorales, y sigue sin serlo pese al anuncio de futuras renuncias de una parte de ellos, porque el daño, con su presencia indeleble en candidaturas que son irreversibles, si no se retiran al completo, ya está hecho. Ante esta grave afrenta se han pedido, desde distintas instancias políticas, diferentes actuaciones en orden a aplicar la Ley de Partidos Políticos para impedir la presencia de condenados por delitos de terrorismo en listas electorales.

Pensando en el futuro, cabe plantear una reforma legal, sobre todo sabiendo que las reformas legislativas fueron también claves para derrotar a ETA. Si tenemos claro que la memoria de las víctimas está siendo atacada y la democracia está amenazada por quienes quieren blanquear a ETA y conseguir por otras vías sus mismos objetivos, debemos seguir reformando las leyes, adaptándolas de la misma forma que los criminales cambian sus comportamientos para sortearlas, impidiendo actos que humillan a nuestra democracia. Para ello, por ejemplo, se podría pensar en una pena de inhabilitación permanente revisable, similar a la ya existente de prisión, con el mismo aval de impecable constitucionalidad, que evitase que pudiesen optar a cargos públicos financiados por todos los españoles quienes hayan cometido delitos de terrorismo y no hayan restituido el daño causado, mostrado arrepentimiento y pedido perdón. Sería una pena extensible a otros asuntos que causan gran alarma social, como los delitos contra el orden constitucional o de corrupción que tanta repugnancia causan. Quien ha intentado subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas causando terror en la población, no puede representar a la sociedad contra la que ha delinquido salvo que repare el daño y pida perdón; dado su carácter no retroactivo, se debe prever una causa de inelegibilidad en la ley electoral para los casos ya condenados. Hay dos opciones, hacer reformas que vayan en esta dirección o ir en la dirección contraria pactando con Bildu y erosionando el interés general de España. Toca elegir.