El «lawfare» y usted

Aunque la Fundéu no ha seleccionado todavía la palabra de este 2023, hay, sin duda, una firme candidata a lucir tal reconocimiento. El «lawfare» se ha instalado en nuestro vocabulario en la recta final del año, es cierto, pero lo ha hecho con tanta intensidad que puede imponerse a cualquier término previo que aspirara a lograr el título anual. Las acusaciones de «guerra judicial» acaparan debates, comentarios y tertulias y aquella teoría política, que nació en el ámbito militar, se desarrolló en Estados Unidos en los 50 y alcanzó su culmen en América Latina a comienzos de este siglo, se ha convertido en el arma arrojadiza de la política española. Si su principal valedor fue el Podemos de los albores, el de Iglesias, ahora es el independentismo catalán quien abraza la tesis conspiranoica con eufórica fruición.

Y la estrategia diseñada por los soberanistas, además de desestabilizar el imprescindible (y delicado) equilibrio entre los poderes del Estado, marca también el nivel de calidad de la relación entre los ciudadanos y su administración de Justicia. Si intentamos analizar el modo en que la sociedad interactúa con la labor de sus juzgados y tribunales, la evolución de los últimos años resulta más que clarificadora: del respeto por quienes aplican las leyes y sus decisiones, de aquellos tiempos ya tan lejanos del «no comparto, pero acato», se avanzó al cuestionamiento, más o menos explícito, para lanzarse ahora, en un evidente paso más allá, a defender las conspiraciones en caso de discrepancia con alguna resolución judicial. Un cuestionamiento de la credibilidad del sistema que se expande y que ya puede celebrar un primer triunfo al haber superado la órbita teórico-académica y haber impactado en las conversaciones más domésticas y cotidianas. Ahora que las celebraciones nos arrollan, y como sugerencia navideña, prepare bien todos los argumentos por si el asunto se termina colando también en su mesa, entre pularda y turrón. Feliz «lawfare».