Lenguas y buena educación

Lo habitual es que cuando se reúnen dos o más personas que hablan distintos idiomas, traten de hacerse entender en aquella lengua que todos ellos conocen, si tal circunstancia se produce. En el caso de que todos los presentes hablen, mejor o peor, inglés, intentan entenderse en inglés. Es de sentido común. Pero, más importante aún: es una cuestión de buena o mala educación.

Por ejemplo, hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez hablar en inglés –por cierto, muy correcto–, cuando interviene en foros internacionales, a pesar de que en esos foros existía la posibilidad de utilizar traducción simultánea. De nuevo: sentido común y buena educación.

Ahora, los independentistas han colocado como condición innegociable para sostener a Sánchez en el poder que el catalán sea lengua oficial en el Congreso de los Diputados y, más allá, en la Unión Europea. El uso de las lenguas cooficiales en el parlamento español no es, en absoluto, un intento de abrazo entre españoles, sino ampliar las opciones de que no nos entendamos en absoluto. Es, sencillamente, una imposición política para insistir en la construcción de una pista para salir de España, que es su único objetivo. Parecería lo contrario si los partidos nacionalistas hubiesen ofrecido alguna muestra de lealtad en las últimas décadas, pero tal cosa no ha ocurrido.

Está en su naturaleza que los independentistas traten de internacionalizar este conflicto, trasladando la misma exigencia a la Unión Europea. Menos natural es que el mandatario de un país de la UE, que además es el presidente de turno, trate de asegurar su estancia en el poder involucrando a los 26 países restantes en una medida de este tipo. Especialmente, cuando algunos de esos países tienen sus propias peculiaridades lingüísticas, que nunca han intentado resolver mezclando en sus propios problemas nacionales a los socios europeos. Pretender que la Unión resuelva las investiduras inciertas de los presidentes o primeros ministros de los 27 estados miembros es un desatino.

Pero eso es, precisamente, lo que ha hecho el Gobierno español, obligado por un prófugo que ni siquiera ha confirmado todavía cuál será el voto de sus diputados.