La Ley Bego

Una semana antes de que Pedro Sánchez presentase ese Plan de Degeneración Democrática mal llamado de Regeneración Democrática, el dúo que rige los destinos de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentaba «con carácter de urgencia [¿les suena este matiz?]» la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, que incrementa exponencialmente las penas a los «delitos informáticos». Una norma que en realidad persigue la libertad de expresión en general dando otra vuelta de tuerca al castigo de las opiniones críticas con la dictadura en la red. Muy especialmente, las que afectan a la vicepresidenta, Rosario Murillo, la verdadera mano que mece la cuna de un abyecto régimen que ha llegado a sumar 1.200 presos políticos, ha asesinado a medio millar de ciudadanos y desterrado a cientos desde las protestas de 2018. El objetivo textual es la «investigación, persecución y sanción» de delitos cometidos «por medio de las tecnologías de la información, es decir, redes sociales y aplicaciones móviles». La perogrullesca meta es constreñir hasta el infinito el último reducto de libertad, Internet, toda vez que los periódicos en papel, las radios y las televisiones libres fueron clausurados sin contemplaciones hace años por la pareja de asesinos que dirige el bellísimo país centroamericano. El mayor diario local, La Prensa de la ejemplar familia Chamorro, ya sólo pervive en Internet y buena parte de sus redactores escribe desde el exilio. En su cabecera, tal y como hace Okdiario para denunciar las tropelías sanchistas, lleva una expresiva leyenda: «Han pasado 1.135 días desde el robo de nuestras instalaciones. A pesar de las agresiones de la dictadura, aquí seguimos, informándote», se puede leer. Las sanciones del Plan de Degeneración Democrática de Pedro Sánchez no son ni por asomo tan bestias pero contienen ciertas similitudes en el fondo. Hay una de cajón: el tándem Ortega-Murillo se arroga la facultad de determinar cuáles de las noticias que aparecen en Internet son «falsas», algo similar a lo que pretende Sánchez con la legislación que quiere aprobar –claro, que querer no siempre es poder–. El comunista Urtasun lo pudo resumir más alto pero no más claro tras el Consejo de Ministros al avanzar que el Ejecutivo determinará quiénes son «verdaderos medios» y quiénes pseudomedios y quiénes se merecen la condición de «verdaderos periodistas» y quiénes no. Al efecto, se creará un Registro de Medios, lo mismo por cierto que hizo Franco en 1938, y se prohibirá la entrada en actos y recintos oficiales a los «malos periodistas». Fascismo y socialcomunismo son ideologías sustantivamente antagónicas pero comparten diabólico criterio en materia de libertad de expresión: no mucha ni poca sino más bien ninguna. Sánchez está a años luz en las formas de los Ortega-Murillo, no ha matado a nadie ni lo hará nunca, pero no tiene nada que envidiarles en las formas. El presidente de Nicaragua metió la quinta de la palanca de cambios de la represión cuando los medios se centraron en los abusos y las corruptelas de su mujer, una tipa más mala que la quina, aficionada a la brujería para más señas. Y, como buen émulo de lo peor de cada casa, Pedro Sánchez ha hecho lo propio tras arreciar las informaciones sobre la más que presunta corrupción y tráfico de influencias de Begoña Gómez en los incontrolables medios digitales. Esto de confeccionar una ley censora ad hoc porque se meten con tu amor es tan habitual en las autocracias y en las tiranías como anormal en una democracia. La salud de nuestras libertades es la peor desde que la espichó el dictador. Por eso, y a pesar de las agresiones de la autocracia sanchista, aquí seguiremos informándoles.