La Ley es igual para todos, incluido Google

Anda Google en el foco de las administraciones norteamericana y europea. No es una situación especialmente novedosa, pues la trayectoria del gigante tecnológico está marcada, más allá de su incuestionable éxito, por la litigiosidad casi endémica con los reguladores a ambas orillas del Atlántico que se ha traducido en un carrusel de procedimientos y multas millonarias. En esta ocasión, puede que asistamos a la gota que haya colmado el vaso de una cierta contención e incluso laxitud de los gobiernos en su relación con este poderosísimo complejo industrial que maneja resortes extraordinarios y cuya influencia es capaz de alcanzar casi cualquier despacho público. En los últimos seis meses, Washington y Bruselas han dado varias vueltas de tuerca a su presión contra el coloso de internet por su abuso de posición dominante en el mercado de publicidad en la red. Más concretamente, las autoridades han desarrollado un pliego de cargos sobre el uso de prácticas fraudulentas con el fin de perjudicar a sus competidores y a los consumidores, de tal modo que limitaban su capacidad de elección. El Departamento de Justicia de EEUU y ocho Estados han acusado a Google de «haber corrompido a la competencia legítima en la industria de la tecnología publicitaria al participar en una campaña sistemática para tomar el control de la amplia gama de herramientas de alta tecnología». El objetivo perseguido ha sido siempre que las páginas web ganen menos y los anunciantes paguen más a partir de un mecanismo más o menos oculto que adulteraba las reglas y los equilibrios para sacar ventaja y anular al resto de actores. Los beneficios multimillonarios derivados de estas prácticas irregulares han sido y son casi incalculables, de lo que se deduce con toda lógica que los 8.250 millones en multas de la UE apenas han minado la voluntad del buscador en no reconducirse. Su control asfixiante y abusivo en prácticamente todas las áreas del negocio obliga como única salida para reponer y blindar la competencia a la reconfiguración de las divisiones de Google que culmine en ventas o, lo que es igual, a trocear el negocio para rearmar un mercado en igualdad de condiciones para quienes pugnan en el mismo. Google ha jugado con cartas marcadas, ha ejecutado reglas propias gracias a su omnímodo poder, para cebar su lucro a costa de estragos muy serios en el interés general. Se habrá debilitado extraordinariamente la seguridad jurídica si las autoridades no fuerzan reparaciones justas. Haber desactivado la competencia no es una cuestión tangencial en un régimen de garantías y se ha hecho vulnerando las reglas del libre mercado a lomos de una pulsión monopolística incompatible con el estado de derecho y con la libertad de empresa que es, por lo demás, clave indispensable de la libertad del individuo y de la mismísima democracia.