Lógica inmobiliaria de Warren Sánchez

En contra de Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, estoy dispuesto a lanzar casi cualquier improperio, menos uno. No es idiota. Ha dado más de una prueba de ser un hombre inteligente a la hora de promover sus propios intereses, centrados en la conquista y mantenimiento del poder. Pero si Warren no es estúpido, y no lo es, tenemos un problema, a saber, ¿cómo explicar la nueva Ley de Vivienda acordada por el Gobierno con ERC y Bildu?

En efecto, la lógica inmobiliaria de Warren parece haber sido sustituida por el absurdo. Las medidas previstas van en contra de los objetivos pregonados, porque tienden a desanimar la oferta y la inversión, por un lado, y a incrementar los precios y las dificultades de acceso a la vivienda, por otro.

El Gobierno no ignora que esto es así, entre otras cosas porque lo sabe cualquiera, y porque los medios de comunicación que no están a su servicio, empezando por LA RAZÓN, se lo han advertido una y otra vez. Son medidas contraproducentes y en realidad reaccionarias, desde el amparo a los okupas hasta la limitación de los precios, pasando por el ridículo de definir como «gran tenedor» a una persona que tenga cinco pisos en alquiler. Warren va a castigar a millones de modestos propietarios, contribuyentes, y ahorradores, y lo sabe.

¿Por qué lo hace, entonces? Algunos analistas reprocharon al Gobierno que actúe movido por un interés electoral, una pasmosa ingenuidad, y más aún a las puertas de unas elecciones. Observemos, empero, dos circunstancias que sugieren que Warren mantiene una cierta lógica inmobiliaria. En primer lugar, se resistió durante años a promover estas medidas fascistoides, cuando pudo aprobarlas apenas instalado en la Moncloa. Lo hace solo al final de la legislatura, entregando el protagonismo del control de los precios a sus siniestros socios filoetarras e independentistas, y no a Podemos, que, como viene siendo habitual, quedó colgado de la brocha, reclamando dislates aún más antiliberales. En segundo lugar, se reservó la medida más espectacular y propagandística, el torrente de «vivienda pública», ignorando olímpicamente sus costes y deficiencias, pero filtrando a la prensa adicta una clave: como buena parte de la aplicación intervencionista de la ley quedará en manos de las autonomías, su letalidad «puede quedar en papel mojado», como publicó «El País».