Más allá del arco iris

Hoy finaliza la semana de orgullo gay celebrada en Madrid, dando lugar como siempre a estériles e interesadas polémicas de naturaleza política, que nada ayudan a la causa que da lugar a este acto. España se encuentra entre los diez países más seguros del mundo para los viajeros de la comunidad LGTBI, y además se sitúa como cuarto país más respetuoso con los derechos LGTBI+ según un ranking europeo Índice Arco Iris elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa que analiza su situación legal y política en 49 países. España es uno de los países del mundo donde más se garantiza el derecho a la igualdad y donde más se promueven las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

Durante esta semana hemos podido comprobar cómo algunos, los de siempre, tratan de patrimonializar la lucha por la igualdad, y otros tratan de generar hiperbolizados y demagógicos discursos para rentabilizar este momento y obtener réditos electorales. Que España se haya constituido en un país que tanto respeta y garantiza la igualdad es sobre todo fruto de una sociedad civil que ha interiorizado el avance de esta igualdad y la garantía de los derechos de todos sin excluir a nadie por condición alguna, y mucho menos por una condición o circunstancia personal como puede ser la orientación sexual en todas sus expresiones. Pero lo que no resulta nada constructivo es que unos actos y una bandera de inclusión se utilicen para excluir a otros por su ideología o por tener ideas diferentes. Una bandera como la del arco iris, que en sí misma es un símbolo de inclusión, no puede ser utilizada como objeto de patrimonialización política excluyendo a ideologías políticas que representan a una gran mayoría de ciudadanos en España.

Es legítimo no estar de acuerdo con una solución legislativa que trivializa y banaliza el sexo y el género de las personas, es legítimo, y no supone ataque alguno ni trasgresión al derecho a la igualdad y a la proscripción de la discriminación, discrepar con el aspecto principal de la denominada ley trans, y defender que debería existir un acompañamiento psicológico para confirmar que el cambio de sexo efectivamente se corresponde con un diagnóstico de transexualidad y no una crisis de identidad por otros motivos, como el resultado de un trauma, principalmente en los casos de adolescentes, puesto que la norma permite que menores de edad, por encima de los 16 años, puedan hacer el cambio libremente.

La tolerancia tiene doble dirección y no solo un sentido; pero no cabe duda de que ha surgido un identitarismo sectario que se ha llevado a una ley orgánica, a la vez que se ha generado una persecución política de todos aquellos que discrepan del texto legal, incluido el feminismo tradicional, hasta el punto de ser presentados como homófobos. Ni los Principios de Yogyakarta, que extienden explícitamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero, cuyos derechos ya estaban incluidos implícitamente en el artículo segundo de la mencionada Declaración Universal bajo los genéricos «o de cualquier otra índole» y «o cualquier otra condición», justifican esta legislación, ni mucho menos la proscripción de la discrepancia. Los arts. 14 y 9. 2 de nuestra Constitución son la mejor bandera y los mejores instrumentos para garantizar la igualdad real. Como decía Jefferson «una opinión equivocada puede ser tolerada donde la razón es libre de combatirla», y este escenario es el que nos permite en España ser plurales y diferentes, huyendo del pensamiento único.