Más leyes, más jueces

Este querido periódico concluía hace poco con un juicio nada positivo sobre la obra legislativa promovida por el actual presidente en funciones: «es el presidente que menos leyes ha aprobado desde que regresó la democracia (junio 1977) a España». Los datos son estos –y cito–: «Desde que llegó a la Moncloa el 2 de junio de 2018, Sánchez ha aprobado una media de una ley cada 13 días, muy lejos de las cifras de Felipe González (7,2 días), José María Aznar (7) o el propio José Luis Rodríguez Zapatero (9,1)». El reportaje sigue haciendo recuento del ritmo legislativo de los anteriores presidentes del gobierno, incluyendo ya a Suárez y a Calvo-Sotelo, para concluir que Sánchez anda en puestos de cola en ese ranking de promoción legislativa.

Discrepo de que tal criterio sea idóneo para valorar esa parcela de las iniciativas gubernamentales. Más que el número, hay que estar a la calidad de las normas, y eso afecta tanto si se juzga su buena factura jurídica como su utilidad y eficacia, aspecto en el que, desde luego, deja bastante que desear esta legislatura: a la ley del «sí es sí» me remito como podría citar casos de leyes con erratas clamorosas, o regulaciones indigestas, farragosas, de difícil comprensión y generadoras de inseguridad jurídica; y eso sin olvidar leyes aberrantes o calificables como meros productos ideológicos, no reclamadas por la ciudadanía, perturbadoras o de evidente ineficacia

Pero me quedo ahora con el criterio cuantitativo que emplea La Razón. Y al leerlo me vino a la cabeza el libro de Alejandro Nieto «La organización del desgobierno» (1984), autor por el que tengo especial debilidad y que, siendo yo juez, formó parte del tribunal que en 1987 me examinó en las oposiciones de magistrado de lo contencioso-administrativo. Si no me equivoco fue el primero de una pequeña saga sobre el «desgobierno»: le seguiría «El desgobierno de lo público» y «El desgobierno judicial». En el primero describe el día a día, el hábitat, los aires en los que se mueve un gobernante, un mundo en el que se mide su eficacia y peso político según el número de normas que «coloca» en el BOE, ya sean reglamentos o –la joya– proyectos de ley que lleva al Parlamento con el protagonismo que le brinda presentarlos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros; a lo que se añade el tiempo de tramitación parlamentaria, en el que puede vender la idea de trabajo duro.

En definitiva, que hay una mentalidad que pregona que un gobernante es bueno si promueve muchas leyes, no las justas, necesarias y, sobre todo, las realmente eficaces, útiles, capaces de resolver problemas que acucian a amplios sectores de la ciudadanía. Non multa sed multum. Si nos atenemos a la legislatura que ha expirado, no cabe en el magro espacio reservado a esta tribuna valorarla en términos de eficiencia, basta constatar que cada vez hay más leyes que no resuelven problemas reales, esos que llegan a los tribunales, conflictos que bien podrían dejar de serlo con una acción legislativa atinada.

Pero lo cuantitativo no sólo se emplea como medidor de la acción legislativa, es también una manía en la Justicia. No aludo al clásico de Calamandrei –«Demasiados abogados»– sino a que el buen hacer en política judicial dependa de aumentar el número de jueces, aumentar la proporción de jueces por cada cien mil habitantes o crear juzgados. Si ser buen gobernante es engordar el escalafón o crear más juzgados es porque a falta de ideas para alumbrar un sistema judicial moderno y eficaz, la solución es «más jueces», más madera.

Lo acabamos de ver en el acuerdo firmado por el gobierno con las asociaciones judiciales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura que ha mantenido la cordura. En vísperas de las elecciones locales, el gobierno compró paz a cambio de un dinero y aumentar «los efectivos» para reforzar no la Justicia sino el «Servicio Público de Justicia»; unas asociaciones judiciales que ven un logro que se trate al juez como personal resolutor integrado en un servicio público de gestión ministerial, todo por 450 euros brutos abonable en cómodos plazos.

Imagino que antes de hablar de cuántos jueces se necesitan habría que reflexionar sobre cuántos harían falta en un sistema judicial moderno, de darse ese paso previo quizás hubiera sorpresas. En su lugar se piden más jueces para fundirlos en unos esquemas organizativos, profesionales y procesales decimonónicos. En 1983 éramos poco más de mil quinientos; años después, en 1989, el Ministerio de Justicia sostuvo que la solución eran cuatrocientos jueces más; diez años después el Consejo General del Poder Judicial aseguró que con setecientos jueces más –y trabajando más–, todo arreglado. Ahora somos unos cinco mil trescientos y me pregunto si la Justicia, como sistema, ha mejorado, si es más eficiente.