Ni memoria ni dignidad ni justicia

Pedro Sánchez certificará hoy el pacto de la vergüenza que alcanzó hace semanas con Otegi para entregar a los proetarras la Alcaldía de Pamplona como una de las cláusulas de los compromisos secretos que vamos conociendo con cuentagotas a cambio de garantizarse la mayoría de la investidura. El contubernio, que regalará la vara de mando al batasuno Joseba Asiron, enmendará la voluntad popular mayoritaria que había respaldado a Cristina Ibarrola, de UPN, como la más votada en el marco de una hegemonía constitucionalista en la corporación antes de que los socialistas decidieran ejercer como cómplices de los representantes del brazo político de la banda terrorista. Desde Moncloa se ha instruido a sus cargos para naturalizar el aterrizaje de EH Bildu en el gobierno de la capital navarra sin matices. Se ha impuesto un ejercicio de desmemoria histórica como si ETA y los 27 asesinados en las calles que regirán desde hoy los legatarios de las pistolas nunca hubieran existido. Como tampoco que no hayan condenado a día de hoy esos crímenes, ni hayan colaborado en los que están por esclarecer, que no se hayan mostrado arrepentidos ni hayan pedido perdón a las víctimas. Nada. Ni siquiera habernos privado de la infamia de reclutar terroristas confesos con delitos de sangre para sus listas electorales. Los socialistas han esgrimido, entre otras razones, que este grupo, abrazado al hacha y la serpiente, ha dado pasos éticos inequívocos que fundamentan el acuerdo sin ser capaces de explicitar uno. Al contrario, el sanchismo ha urdido el abrazo encapuchado con el bando de los verdugos envuelto en una mentira tras otra, de espaldas al pueblo y sin el pueblo, como es marca de la casa. Prometieron una, dos y varias veces en campaña que nunca le facilitarían Pamplona a Bildu y hasta el presidente se jactó en el pleno de investidura que UPN había accedido a la Alcaldía gracias a los socialistas. El valor de la palabra de Moncloa es el que es, y ni siquiera se altera cuando el trato le mancha las manos con el sacrificio de tantos inocentes. Para Sánchez, conforme a su ministro/vocero, Batasuna es «un partido progresista democrático» y la culpa de este colofón corresponde a una derecha incapaz e incompetente que ha condenado a la ciudad a la parálisis. Tal es el nivel de quien incluso como los Chivite, Alzórriz o Santos Cerdán se reivindican como víctimas de un clima de acoso por parte de UPN similar al de ETA. Es un golpe duro para el constitucionalismo en un feudo clave, también un mazazo para las víctimas que no se merecen un Ejecutivo con la catadura ética del que cohabitan socialistas y comunistas. Existen, sin embargo, signos contra la resignación, como el de esas renuncias en el PSN de quienes no quieren ser cómplices de elevar a los proetarras al poder o la rebelión ciudadana contra esta cacicada subversiva. No se da una brizna de honor en esta afrenta que bien podría repetirse en el País Vasco. El reagrupamiento y la cohesión constitucionalista serán claves para liderar a la sociedad en tiempos sin memoria ni dignidad ni justicia.