Las monedas chinas

Le parece a Sebastián que el Partido Socialista le ha hecho un traje a medida al independentismo con la bandera española, y una amplia abertura en la entrepierna para que se descarguen lo que sea menester sobre ciudadanos, autonomías, jueces y en general criterios de igualdad y sentido común.

No llega a apreciar si, como muchos sostienen, España se rompe o se le da carpetazo a la Transición en lo que tuvo de esfuerzo común de igualdad y equilibrio democráticos, pero se le antoja que el precio pagado por siete votos siete, como las monedas chinas de la suerte, sí rebasa ampliamente lo que pudiera considerarse razonable. En cuatro páginas se le concede al independentismo catalán, no sólo todo lo que pide, amnistía, referéndum, fiscalidad, la luna misma que reclamaran en un improbable ataque de romanticismo, sino, lo que es, a juicio de Sebastián, más grave aún, se da por cierto el relato mentiroso del proces. El acuerdo entre Junts y el Partido Socialista de Pedro Sánchez compra la dialéctica indepe de agravio desde España, da por bueno que la revuelta sediciosa que el Supremo consideró digna de cárcel fue un hecho políticamente intachable, y hace suyo ese comodín del lawfare que es el que utiliza cierta izquierda picajosa y bananera para considerar cualquier acción judicial contra personas o entidades de su cuerda como un oscuro complot de togados antidemocráticos. Esto último se le antoja a Sebastián particularmente grave, porque viene a decir que todo lo emprendido por el Poder Judicial español sobre la base de leyes democráticas contra políticos por acciones realizadas en el ejercicio de su responsabilidad puede y debe ser cuestionado, puesto que respondería a esa vocación golpista, a ese lawfare mediante el que los jueces pretenderían controlar el poder político.

Eso le ha concedido el Partido Socialista de Pedro Sánchez a Junts y al independentismo, y de paso a toda la izquierda a su izquierda, encantada hoy con la puerta abierta a que una mayoría parlamentaria le diga a los jueces lo que tienen que decidir. Cuántos disgustos se habrían ahorrado con lo de las rebajas de condena a los violadores, los y las que siguen sosteniendo que son en realidad interpretaciones de la ley que responden al afán controlador de las togas del lawfare. Qué pena no haber tenido antes la herramienta que ahora podría empezar a modelarse para hornear y tenerla lista donde y cuando sea necesario.

Se pregunta Sebastián qué diferencia hay entre esa mirada y cargarse la separación de poderes. Ninguna, ¿verdad? Si el parlamento del que emanan las leyes actúa como última de las instancias para su interpretación, ¿para qué queremos Supremos, o Constitucionales? Si las condenas a políticos que juzga la Audiencia Nacional pueden acogerse a la duda sobre la intención de los jueces que sentencian, ¿para qué queremos Audiencia Nacional?

Pensaba Sebastián que finalmente no habría pacto porque no veía la forma en que se le podría garantizar a Puigdemont que nadie le tocaría un pelo bajo ninguna circunstancia. No está en manos de Sánchez decirle a los jueces lo que deben o no sentenciar o investigar. Como mucho, a los fiscales – «¿De quién depende la fiscalía?...pues eso»-, aunque no siempre. Pero nada con los jueces. España es un país democrático y la Justicia no es algo con lo que se pueda bandear o traficar. Es independiente y ejerce esa independencia. De hecho, quien desde la política lo cuestiona solo lo hace ante sentencias que le perjudican, mientras aplaude las que condenan al adversario.

Constata Sebastián que ahí también se equivocaba. El Partido Socialista de Pedro Sánchez necesita las siete monedas chinas de Puigdemont tan desesperadamente como para entregarse completamente a sus deseos y además convertir su ensoñación en ley. Y su mentira en verdad.

En la vecina Portugal otro socialista se enfrenta a la justicia. Investigado por corrupción, Antonio Da Costa dimite por respeto a la dignidad del cargo mientras elogia la labor de la fiscalía por llevar su investigación hasta el mismísimo Primer Ministro. Sebastián siente algo parecido a la envidia: un tipo que se va porque sabe quién es y lo que representa mientras el de aquí, socialista también, pero no tan digno, se queda olvidando lo que representa y al precio que haga falta.

Hay política decente, pero está en otro sitio.

Aquí, cuando interesa al poder que se contempla a sí mismo como necesario e infalible, la ley se ajusta a personas concretas y acciones precisas, aunque haya que romper el principio elemental de igualdad. Y corregir a las más altas instancias judiciales si hace falta. O acusarlas de intención política. Y si el precio de esos votos es quebrar también la igualdad entre los territorios, pues se hace. Si a Cataluña -o Catalunya, como escribe también el Partido Socialista de Pedro Sánchez- hay que cederle el 100 por 100 de los impuestos, pues se cede. Ya se toreará convenientemente al resto de autonomías cuando vengan a pedir lo mismo.

Quizá tengan razón los pesimistas, concluye Sebastián, y el precio a pagar por seguir en el gobierno vaya más allá de unas cuantas concesiones inaceptables.