Nuestras habas

Hay una suerte de globalización jurídica que lleva a la creciente convergencia de ordenamientos. El caso de la Unión Europea es paradigmático. Su ordenamiento empapa cada vez más los de cada estado y eso se traduce en otra convergencia, la judicial. Si Europa aspira a ser un espacio común de libertad, justicia y seguridad, en cada estado debe garantizarse la independencia de los tribunales para el efectivo sometimiento del poder a la ley, en definitiva, al Estado de Derecho. Esto no quita para que cada país tenga su idiosincrasia judicial y organice la Justicia según su tradición, lo que es reflejo de las peculiaridades de su ordenamiento jurídico.

Esto viene a propósito de Israel y se le meto en danza es porque vive algo digno de atención. En Israel rige un sistema de inspiración anglosajona: no tiene constitución y en su lugar rigen unas leyes básicas que, como toda ley, pueden ser cambiadas por la mayoría parlamentaria. Sin constitución, las funciones de lo que sería un Tribunal Constitucional las ejerce la Corte Suprema que emplea un juicio de «razonabilidad» para discernir si una ley –o una decisión gubernamental– es arbitraria, es decir, no razonable. Ese juicio da la medida del poder de la Corte Suprema, y también de la trascendencia de una reforma que busca su merma y por eso les hablo de Israel.

No me perderé en detalles, sí apunto que el detonante de esa crisis fue la anulación por la Corte Suprema del nombramiento de un ministro ultraortodoxo. Como reacción el gobierno ha promovido una reforma con dos medidas de calado, argumentando que el poder judicial interfiere en la legislación y está sesgado a favor de planteamientos liberales. Una consiste en reducir los poderes de la Corte Suprema eliminando el criterio de la razonabilidad y otra afecta a la selección de los jueces porque la actual no la considera democrática, luego quiere llevar a la Corte Suprema jueces más propicios.

Pero en todas partes cuecen habas, también en ciertas mentes estadounidenses, y así ha ocurrido tras enmendar su Tribunal Supremo la doctrina de Roe vs. Madison, la que en 1973 erigió el aborto en derecho. Bastó tal rectificación para que se tildase al Supremo de trumpista y se plantease aumentar el número de sus miembros para nutrirlo con jueces demócratas.

El sistema político-constitucional judío o norteamericano serán distinto del nuestro, no la actitud del poder político hacia la Justicia ni los remedios que arbitra. Aquí el poder político tiene como límite la Constitución, luego a diferencia de Israel nuestro Tribunal Constitucional emplea como norma de contraste la Constitución, no algo tan evanescente como un juicio de «razonabilidad». En este sentido somos superiores. Pero, insisto, como en todas partes cuecen habas su cocción nos ha llevado a una mala praxis política: la de mimetizar al Tribunal Constitucional con las mayorías parlamentarias. Como en Israel o como plantean algunos en Estados Unidos, la tranquilidad de la actual mayoría radica en tener un tribunal que, más que tribunal, ejerza de tercera cámara que convalide los deseos de la mayoría, y así lo veremos en los próximos tiempos. Y como en Israel, fuera del Tribunal Constitucional aquí también se pretexta que hay que ir a una selección «democrática» de los jueces.

Un análisis simplón llevaría a ver casos distintos: en Israel un encontronazo entre un tribunal progre frente a un gobierno ultraconservador; en Estados Unidos entre un tribunal conservador y un gobierno progre. Mezclas al margen hay un punto en común porque en todas partes cuecen las mismas habas: que cuando un sistema judicial entra en crisis, sea donde sea, es por la tendencia del poder político a expandirse y zafarse del control jurídico de sus actos; en definitiva, la de obviar las servidumbres propias del Estado de Derecho y eso le lleva a desactivar al Judicial. Cómo se reaccione ante las tensiones entre una Justicia respondona y el poder político dependerá tanto de la madurez y sentido de la vergüenza de sus dirigentes como de la sensibilidad ciudadana.

Israel me da envidia. Allí la ciudadanía se ha levantado contra la reforma. Se me podrá oponer que el caso judío es distinto, allí hay una sociedad tensamente dividida entre ultraortodoxos nacionalistas y laicos liberales, aparte de que el ciudadano «progre» tiene más iniciativa de reacción y, como ha ocurrido también en Polonia, es ese ciudadano el que se moviliza cuando la amenaza es conservadora, difícilmente al revés. Será así, pero lo relevante es que hay reacción ante un ataque a la Justicia, algo inimaginable aquí: ya me extrañaría ver una reacción semejante, de conservadores o de progres. La defensa de la Justicia no cotiza ni entre los políticos va de suyo –y dan ejemplos para aburrir–, ni entre una ciudadanía que padece una conciencia espongiforme, está en otras cosas y callará, aunque vea las mayores aberraciones.

José Luis Requeroes magistrado.