El nuevo NODO

Los medios de comunicación estatales suelen ser herramientas al servicio del poder político constituido para difundir su propaganda y sus bulos entre la población. Aunque en ocasiones puede haber restricciones institucionales a la subordinación de los medios públicos al gobierno de turno, la tentación de controlarlos y convertirlos en altavoz partidista suele ser demasiado poderosa como para que esas restricciones institucionales sean capaces de resistir.

Lo acabamos de comprobar con RTVE: el pasado 27 de marzo, los consejeros políticos del ente llegaron al acuerdo interno de nombrar presidenta interina a una militante (con carnet) del PSOE, Concepción Cascajosa. Su mandato iba a ser temporal –de apenas seis meses– para confirmar el fichaje de Broncano por TVE para contraprogramar El Hormiguero y, transcurrido ese período temporal, otro consejero (igualmente de izquierdas pero no tan partidista como Cascajosa) ocuparía su lugar.

Sin embargo, instrumentalizar a RTVE es un caramelo demasiado jugoso como para que el gobierno pueda renunciar a él. Por eso, Cascajosa ha ido posponiendo la reunión del Consejo en la que iba a ser destituida hasta que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto Ley en el que se modifican las mayorías parlamentarias para nombrar a los miembros del Consejo: a partir de ahora, el Congreso, por mayoría absoluta, elegirá 11 miembros y el Senado, 4. De ese modo, la mayoría pro-gubernamental controlará el Consejo y nombrará al presidente del ente (alguien tan sectario y pro-PSOE como Cascajosa).

No sólo eso, el Real Decreto también le confiere al presidente muchos más poderes de los que posee hoy, pudiendo puentear al Consejo para nombrar a los directivos del ente público o para aprobar contratos de contenido audiovisual. De este modo, pues, habría una línea directa entre Moncloa y RTVE para que sea Pedro Sánchez quien determine de manera unilateral el contenido que se disemina a la sociedad española desde los medios de comunicación sufragados coactivamente por los contribuyentes.

Se trata de una enorme degradación moral, institucional y tributaria que debería persuadir a todos los indecisos de que sólo existe un camino para restablecer un mínimo de dignidad en esta materia: cerrar completa y definitivamente RTVE para que ningún grupo político vuelva a manejarla en su privativo beneficio propagandístico.