El poder del Tribunal Constitucional

Los acontecimientos han confirmado las previsiones sobre el profundo cambio doctrinal que se iba a producir en el Tribunal Constitucional. No creo que nadie se pueda sorprender. La celeridad con que se confirma la constitucionalidad de las normas impulsadas por el Gobierno explica el interés que tenía Sánchez en lograr su renovación. Es algo que contrasta con su desinterés por el CGPJ. No quería que se pusiera en riesgo ni el conjunto de leyes aprobadas, que tienen una profunda carga ideológica, ni el escandaloso abuso de los reales decretos ley. Conde-Pumpido, cuya capacidad como jurista es incuestionable, está cumpliendo con éxito el encargo recibido. Su elección como presidente, así como el cambio de mayorías, era fundamental para un Gobierno que no quería que se repitiera la fundada declaración de inconstitucionalidad del Estado de Alarma. Por supuesto, los defensores del uso alternativo del Derecho se sienten cómodos a la hora de imponer el rodillo de la mayoría y encontrar una interpretación que permita encajar esas normas, que tienen un fuerte contenido ideológico, en el ordenamiento jurídico.

Ha sido poner al supremo interprete de nuestra Constitución al servicio del poder constituido encajando las sentencias a esa línea doctrinal que tan grata resulta al gobierno y sus aliados parlamentarios. Es cierto que las futuras elecciones pueden modificar el escenario político. Es más que probable, ya que es un compromiso firme, que se derogarán un gran número de leyes, aunque habrá que ver qué sentencia el Tribunal Constitucional en los recursos que se presenten contra aquellas que les sustituyan. Al margen de las consideraciones críticas que podamos tener con respecto a las recientes sentencias, el nuevo poder constituido tendrá toda la legitimidad, surgida también de las urnas, para aplicar su programa electoral y corregir los excesos del gobierno saliente y sus aliados radicales. Es muy inquietante que un gran número de esas normas se hayan aprobado con el apoyo de independentistas, antisistema y filoetarras que tienen como objetivo la secesión de Cataluña y el País Vasco, así como acabar con la Constitución. No se trata de una interpretación de sus objetivos, sino que es el resultado de la constatación de unos compromisos expresados con claridad y contundencia.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)