Las pruebas de Aldama

No hace falta darle muchas vueltas para llegar a la conclusión de que todos los movimientos del comisionista Víctor de Aldama responden a una estrategia procesal, en la que cada paso está dirigido por su abogado. Sabe que está cercado por la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha optado por mantener el foco mediático y, al mismo tiempo, hacer todo el daño posible al Gobierno.

Se mueve en un campo de minas, pero cuando uno lo tiene todo perdido también puede permitirse el lujo de jugárselo todo a actuar como una bomba de racimo y llevarse por delante lo que se encuentre por medio. Tampoco hace falta darle muchas vueltas como para llegar a la conclusión de que, si sus acusaciones son mentira, la fiesta le habrá durado muy poco tiempo, habrá perdido el favor de la Fiscalía Anticorrupción y se habrá generado un nuevo problema procesal.

Su política de declaraciones y de filtraciones es merecedora de un máster en comunicación por los canales que favorece y el momento que elige para soltar su disparo. Entramos en una etapa de fuego cruzado, en la que el Gobierno ha visto que lo que le puede ser más rentable es dejar de señalar al ex ministro José Luis Ábalos como el culpable sin derecho a la presunción de inocencia para apuntar sin piedad contra Aldama. Deben estar muy seguros de sí mismos a la hora de apostar tan fuerte porque, igual que ocurre con el comisionista, a ellos se les verá también muy pronto el plumero si sus negaciones se demuestran falsas.

Es cierto que hoy todavía no hay pruebas que nos permitan hablar de los «papeles de Aldama», pero tan cierto es eso como que, en el caso de que nos los pongan encima de la mesa, no serán motivo para descolocar el tablero político. La corrupción no tumbará a Pedro Sánchez ni tampoco motivará un adelanto electoral. Y hasta es posible que pueda ocurrir que, si pasa el tiempo, y se normaliza el ruido, el presidente llegue a convencer a más votantes con sus acusaciones de prevaricación contra los jueces. Sánchez ha construido un relato que presenta a España como un país en el que los jueces prevarican y se embarcan en campañas políticas para derrocar a un Gobierno democrático. Y no pasa nada porque hemos llegado ya a tal nivel de histrionismo y exageración que ver a un ex ministro declarando en el Tribunal Supremo por corrupto nos parece lo más normal del mundo.