Reflexiones melancólicas

Suelo dedicar el primer artículo de septiembre al acto de apertura de tribunales, que este año será el próximo jueves. No me gusta repetirme, pero, lamentablemente y tratándose de la Justicia, es difícil no hacerlo. Repaso los artículos de años anteriores y el balance sobre la situación de la Justicia se prorroga de año en año, como los presupuestos. Es un hábito que conduce a la melancolía.

No sé de qué hablará pasado mañana el presidente –interino– del Tribunal Supremo, supongo que no obviará la negritud del panorama judicial: así lo es que el Consejo General del Poder Judicial lleve camino de duplicar su mandato constitucional de cinco años. Aún resuenan los duros reproches a la clase política que dirigió el anterior presidente en la apertura de 2022. De poco sirvieron como de poco sirvió su amenaza de dimitir, que consumó; y el panorama no apunta cambios, al menos a corto plazo.

Con todo, lo peor es la indiferencia y no me refiero a la de los políticos, sino a la de los ciudadanos. Indiferencia es lo que les suscita la realidad de que el órgano constitucional que gobierna la Justicia esté bloqueado, con todo lo que eso supone para el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Tampoco me extraña. El español ha demostrado ser un pueblo desmemoriado y moldeable. Bastan unos telediarios para que mire donde el poder quiere que mire y sólo atienda a la verdad oficial sobre igualdad, género, tendencias sexuales, fobias e intolerancias varias y, cómo no, cambio climático. Fuera de eso, no le pidas conciencia sobre valores como patria, Estado de Derecho, Justicia, respeto a la legalidad, responsabilidad, esfuerzo, etc., materias oficialmente declaradas fachas.

El panorama, insisto, es muy negro pero, fíjense, a estas alturas ya me es indiferente cómo o quién deba nombrar al Consejo, si los partidos –sistema actual– o, mayoritariamente, los propios jueces, como fue en su origen y, dicho sea de paso, nos lo exige la Unión Europea. El problema ya no es ese y me daría por satisfecho si fuese nombrado enteramente por los grupos parlamentarios –sí, por los partidos– pero eligiesen a personas objetivamente respetables, prestigiosas, incuestionables. No. El problema es la actitud del poder político –en especial el gobernante– hacia la Justicia y, sobre todo, hacia el Derecho como nervio del funcionamiento del Estado.

Hacia la Justicia porque ese poder político gobernante ha dado con otras formas de ahormarla o neutralizarla y le basta desactivar la acción de los tribunales indultando o promoviendo reformas legales despenalizadoras, armas que atenúan la relevancia del sempiterno tema de quién elige a los vocales del Consejo. Además, ha visto que para la estrategia neutralizadora es más eficaz desautorizar o desprestigiar a la Justicia a base de insultos, enfrentando a los jueces contra esa opinión pública manipulable. Vaya como ejemplo su soberbia reacción frente a la aplicación judicial de la ley del «solo sí es sí» y que una mercancía legal tan estropeada o se la haya comprado una millonada de ciudadanos o, peor aún, que sus efectos les sean indiferentes y asuman lo de la Justicia machista, heteropatriarcal.

Y sigo elevando el tono porque todavía peor es el desprecio hacia el Estado de Derecho, entender que ni la Constitución ni la ley son un límite al poder sino su coartada; que si las exigencias del Estado de Derecho molestan o entorpecen, el gobernante está dispuesto a retorcerlo para seguir en el poder y si la norma se resiste, se cambia. Pero si es malo que haya gobernantes sin escrúpulos ante la apetencia de poder, triste es –al menos para mí– que se rodeen de juristas que, olvidando su condición, les sirvan ardides jurídicos para que puedan zafarse de los límites constitucionales. Para ello revisten sus servicios de sesudas razones jurídicas que, a duras penas, esconden su realidad: no son razones, ni jurídicas, ni sesudas, sino sofismas elaborados para concluir que nada hay más conforme a la Constitución ni más legal que los deseos de su señor.

Son juristas a los que, si se les encarga, serían capaces de razonarte la constitucionalidad de legalizar la esclavitud o la pena de muerte o que España es una república monárquica. Seré hiperbólico, pero la realidad supera toda hipérbole cuando razonan que la Constitución permite transformar a España en confederación de estados o que permite un referéndum de independencia o amnistías oportunistas o que el Poder Judicial no es único sino repartible entre esos estados confederados…Hábiles indígenas en la foresta del Derecho, antepondrán su ideología o su partidismo a la razón jurídica, emplearán el Derecho contra el Derecho mismo para erigir en constitucional aquello que convenga al poder. Que se explayen opinando queda para su biografía, lo demoledor sería auparles a cargos decisorios, darles un laboratorio para que elaboren brebajes jurídicos que hagan las veces de Constitución.

José Luis Requeroes magistrado.