Reforma

Urge reformar la Ley Electoral para superar el chantaje permanente de quienes, con la ley actual, se dedican, ya sin pudor, a saquear la caja común. Una pequeña suma de minorías no puede imponer una tiranía. Hay que aceptar que las grandes mayorías electorales nunca volverán, los antaño partidos mayoritarios, PP y PSOE, no se repartirán más el pastel del voto en dos cómodas mitades, dejando las migajas para el resto. La fragmentación será la norma y, en adelante, el horizonte parlamentario, un arco de sillones cada vez más multicolor. O sea: una perspectiva ingobernable. Urge acabar con este sistema que ha demostrado propiciar la inestabilidad política y la ruina económica cuando, llegado el caso, puedan aparecer en el horizonte aventureros políticos, sin escrúpulos éticos, que no se paren ante «líneas rojas» y estén dispuestos a saltarse cualquier freno de la razón que les impida tomar el poder. Nos apremia poner límites legales al presidencialismo. A potenciales gobiernos corruptos. La Constitución española y el sistema electoral del 78 no previeron contextos explosivos como el actual, pero la democracia debe encontrar recursos para sobrevivir. Ahora no los tiene. Si la inercia de lo que ocurre llega a sus últimas consecuencias, sucederá lo que muchos temen: la fragmentación del Estado-nación, España como país fallido, colapsado económica y socialmente. Si no se pone remedio legal, el despropósito será cada vez más peligroso, y la miseria incontenible. No habrá emisiones de Deuda Pública que la puedan parar. Es de necios permitir la minuciosa destrucción de todo un Estado solo para mantener la ficción de gobiernos «estables» que en realidad carecen de los mínimos votos para gobernar.

Se debería añadir una segunda vuelta al proceso electoral, o la suma de 60 (o más) diputados extra al partido ganador de las elecciones legislativas, que le permita gobernar sin someterse a la coerción tóxica de socios minoritarios cuyo objetivo sea, básicamente, la codicia personal o la depredación de recursos públicos. Es una obligación histórica proteger al Estado-nación de arribistas o delincuentes, estableciendo claramente límites y castigos penales efectivos para quienes vulneren la ley desde el propio poder, desde «la propia ley». Necesitamos igualdad efectiva ante la ley: que no haya impunidad para el poderoso mientras se castiga duramente al ciudadano común.