Pedro Sánchez se ha convertido en un consumado maestro en el arte de hacer de la necesidad virtud. Justo ahora, cuando más invadidos por la gangrena de la presunta corrupción se encuentran su círculo más cercano, su partido y el propio Gobierno, ha decidido descolgarse con la ejecución de la financiación singular catalana, un suicidio político en toda regla para algunos que, sin embargo, podría no serlo tanto dentro del tablero de ajedrez en el que el mandamás socialista ha transformado la política española con el fin de lograr su principal meta: la supervivencia. Es cierto que transferir a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, en virtud del pacto suscrito hace un año entre el PSC y los independentistas de ERC, da armas a sus enemigos, tanto externos como internos, e implica sacrificar incluso a peones amigos. En líneas generales, tal cesión refuerza el discurso de los barones populares y debilita el de sus opositores socialistas, siendo aquí los principales damnificados María Jesús Montero en Andalucía y Óscar López en Madrid, aspirantes que, por otra parte, tenían ya nulas posibilidades de alcanzar la presidencia de ambas comunidades, según todos los sondeos. También propicia la subida de tono de las voces internas críticas, básicamente las de Castilla-La Mancha y Asturias, aunque en realidad pone en un brete a los díscolos líderes socialistas de ambos feudos, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, que van a tener que nadar y guardar la ropa: sus electores empiezan a cansarse de oírles protestar sin consecuencia alguna contra las acciones de un partido al que pertenecen y que les somete a agravios con respecto a otras regiones. El traspaso también beneficiaría al PP, al reforzar sus proclamas de que Sánchez es capaz de romper España a cambio de agotar la legislatura. Ahora bien, ¿cuánto rédito sacarán de más con tal medida Alberto Núñez Feijóo y sus líderes territoriales? No se sabe, pero es posible que no mucho más del que ya han logrado. Como ocurre con la economía, los efectos negativos de esta iniciativa están ya más que descontados.

La cesión de la gestión de impuestos tiene, sin embargo, más de un efecto benéfico para el presidente del Gobierno. De entrada, deja malparados a los populares en Cataluña, un feudo clave en las elecciones, como se demostró en las pasadas generales. A más rechazo de los dirigentes del PP en este territorio, menos votos para ellos y más apoyo de la izquierda para Sánchez dentro de él, y para Salvador Illa, que sería el gran beneficiado, por encima incluso de Esquerra y de Junts. De esta cesión y no de otras cosas hablaron el presidente del Gobierno y el exministro de Sanidad en la reunión celebrada en Moncloa tras estallar el informe bomba de la UCO. Que nadie piense que el segundo tanteó con el primero la posibilidad de cederle el puesto en caso de una eventual dimisión porque no fue así. Con esta cesión, Sánchez se asegura además el apoyo de sus socios nacionalistas en un momento en el que empezaban a deslizar que la corrupción convertía el suelo en el que se asienta esta legislatura en arenas movedizas. El resumen es que el presidente refuerza su apoyo, gana adeptos en Cataluña, sacrifica a piezas afines condenadas al fracaso y pone otra vez en un brete a los barones discordantes. Todo a cambio de ceder un terreno no demasiado grande a los populares.