Sánchez, no dirás el nombre de España en vano

Dios escribió los Diez Mandamientos, como todo el mundo sabe, en dos tablas de piedra que entregó a Moisés en el Monte Sinaí. Los tres primeros contemplan el amor a Dios y los otros siete al prójimo. En el segundo se recoge que «no tomarás el nombre de Dios en vano». El Deuteronomio (5:11) y el Éxodo (20:7) recogen como variante de este mandamiento para el pueblo de Israel que «no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano». Los principios éticos fundamentales de estos preceptos son compartidos por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tal como está la política en España, donde el sanchismo ignora cualquier principio o valor ético y moral debería elaborarse un decálogo donde se proscribiera la mentira y el engaño. Uno de esos mandamientos debería ser «no dirás o tomarás el nombre de España en vano», porque es lo que hizo Sánchez este sábado para justificar la indignidad de la amnistía que quiere otorgar a Puigdemont y sus compañeros en la rebelión, como la denominó el líder socialista, contra el ordenamiento constitucional y estatutario.

El comité federal del Partido Sanchista Obrero Español (PSOE) fue un lamentable esperpento que confirma la degradación de la política. Sánchez justificó la amnistía en una gran mentira: «en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada». Es decir, quiere que aceptemos la impunidad de unos políticos desleales para defender la convivencia cuando lo único que pretende es comprar los votos de Puigdemont y Junqueras. En primer lugar, no sé qué Cataluña conoce, debe estar en un metaverso distópico, porque soy catalán y no hay ningún problema de convivencia. Los independentistas gobiernan en Cataluña, el alcalde de Barcelona es socialista gracias al apoyo del PP y el catalán goza de muy buena salud. Cuando visito mi tierra no veo ningún tipo de conflicto, salvo que lo sea que no nos sometamos a las mentiras y las manipulaciones de ERC, Junts y las CUP. En ese caso, Sánchez tiene razón, dicho irónicamente, porque la minoría no ha conseguido imponer la independencia. No veo que los socios independentistas del sanchismo sufran ningún tipo de represión.

Los condenados por sedición y malversación de fondos públicos fueron indultados por Sánchez para comprar sus apoyos y conseguir que concluyera la legislatura. No solo eso, sino que acabó con el delito de sedición y abarató la malversación. Los delincuentes consiguieron modificar el Código Penal para adaptarlo a sus intereses políticos. Al líder socialista le molesta la verdad, porque entra en colisión con sus intereses personales. Lo único interesante del comité federal fue que reconoció que es «la única vía para evitar un gobierno de la derecha». Es lo que denominó «hacer de la necesidad virtud». Es todo muy ejemplar y muestra un estilo político deleznable que tendría que haber generado una enorme indignación entre sus compañeros de partido, pero les interesa más complacer al líder y no perder sus cargos. No hay más que hacer el ejercicio de ver las listas de los miembros de los comités federales de la época de Felipe González y compararlas con los palmeros, con alguna excepción, que se reunieron este sábado.

El presupuesto que justifica la amnistía es un fraude de ley como pocas veces se ha visto en la historia del Derecho español. En cualquier contrato sería un motivo de nulidad. La apelación al interés de España cuando la gran mayoría de españoles la rechaza ofrece una clara y contundente respuesta al despropósito jurídico que se quiere imponer gracias a una mayoría parlamentaria formada por socialistas, comunistas, antisistema, independentistas y antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Muchos de ellos son enemigos de la España a la que apela Sánchez. Por tanto, es difícil aplaudir una incoherencia de estas dimensiones.

La excusa de impedir que gobierne la derecha es el reconocimiento de que perdería las elecciones y que el centro derecha conseguiría una amplia mayoría que permitiría que Feijóo fuera presidente. Tras escuchar su discurso no me queda la más mínima duda. No lo hace por patriotismo o por el bien de España, sino para buscar una salida que le permita seguir en La Moncloa. La inconstitucionalidad de la medida es tan clara que Conde-Pumpido y los llamados magistrados progresistas deberán asumir una mutación constitucional al servicio del sanchismo. La aprobación de una medida de estas características sin un consenso amplio es ilegítima, arbitraria, es un ataque al Poder Judicial y vulnera el principio de igualdad entre los españoles. El papel del Tribunal Constitucional no es ser una marioneta al servicio de los intereses personales del inquilino de la Moncloa. Ni puede ni debe ser un instrumento partidista.

El primer pago a Puigdemont y Junqueras está sobre la mesa, pero el resto de gravosas cesiones parece que serán en diferido con el aplauso de la izquierda política y mediática. Es triste comprobar como tanta gente está dispuesta a abandonar sus principios políticos y éticos para mantenerse en el poder a cualquier precio. Sánchez conseguirá sus objetivos a corto plazo, pero no debería tomar el nombre de España en vano pensando que sus caprichos son compartidos por los ciudadanos de una de las grandes naciones de la Historia. Hay comportamientos que nunca salen gratis y la profunda división que provocará es algo que le perseguirá siempre. Un PSOE entregado a los independentistas y unas instituciones sometidas a la arbitrariedad aseguran el declive del socialismo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)