Editorial

Sánchez-Puigdemont; España ingobernable

Un gobernante responsable se decantaría por cualquier otro camino que no fuera ponerse en manos de prófugos, corruptos y proetarras

El recuento del voto del Censo de Españoles Residentes Ausentes en el Exterior (CERA) ha complicado aún más el ya de por sí complejo panorama político resultante tras las elecciones generales del 23J. El PP arrebató un escaño al PSOE en la circunscripción madrileña y esa circunstancia obligará a que el partido del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont respalde expresamente la investidura de Pedro Sánchez. O lo que es igual que Moncloa está obligada a entablar una negociación con los separatistas y supremacistas de Junts en busca del sí porque la abstención ya no es suficiente para que el presidente en funciones y el resto de Frankenstein certifiquen cuatro años más en la dirección del Estado. Es la única fórmula realista, pues el resto de opciones factibles, conforme a la pura y dura matemática, resultan en realidad inviables en este contexto polarizado y endemoniado forzado por Sánchez a lo largo de los últimos años. Es obvio, por tanto, que el objetivo es ese particular «gobierno de progreso», voceado por la propaganda oficial, con tantos partidos inmiscuidos que son difícilmente reproducibles, pero a los que une la poderosa argamasa del poder. En este punto, habrá que insistir tantas veces como sea posible que Sánchez, el mismo que negó sus alianzas con Bildu y los separatistas en la reciente campaña electoral, ha elegido como aliados de investidura a Puigdemont, Borràs, Aragonés y Ortuzar, los que comparten su odio a España y a todo lo que representa nuestra democracia constitucional. A diferencia de los últimos cuatro años, Sánchez, de conseguirlo, estará amparado en una pírrica y laberíntica mayoría que lo abocará en la práctica casi a la provisionalidad y a España, que es lo dramático, a una ingobernabilidad de facto sometida a partidos que harán lo posible por descomponer el Estado de Derecho e intensificar la decadencia de la nación. Un gobernante responsable se decantaría por cualquier otro camino que no fuera ponerse en manos de prófugos, corruptos y proetarras. Si algo ha evidenciado Pedro Sánchez, ha sido que las decisiones de su presidencia han estado guiadas por su exclusivo interés sin que el precio a pagar por el país e incluso por el PSOE haya pesado lo más mínimo. No hay un dato extraído de la experiencia que presagie en Sánchez un ataque de lucidez para no aceptar el chantaje del vecino de Waterloo y de Junts a cambio del sí. Porque la pócima tóxica de relativismo moral y polarización le ha funcionado. La oposición de centroderecha está obligada a centrar sus esfuerzos en denunciar y poner el foco ante la opinión pública sobre los desmanes despóticos de la izquierda sin distraerse en debates párvulos que solo preocupan a los partidos y no a la gente ni en apostar por atajos inverosímiles mediante alianzas absurdas e injustificables. Los españoles han puesto en sus manos un poder considerable con una mayoría absoluta en el Senado y un control territorial casi hegemónico, que debe ejercer de contrapeso y parapeto en defensa de la democracia.