El sector primario ha perdido el 10% de su capital humano entre el olvido y la pasividad de los gobiernos

En el estudio de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2023, se preguntaba a los españoles cuáles creían que serían los principales problemas del mundo en una década. Por entonces, la segunda respuesta de los encuestados fue, con el 27,7%, el hambre, la falta de alimentos, la escasez, el desabastecimiento. La referencia únicamente resultó superada por las guerras, con el 33,6%, y por delante del cambio climático, que con el 26,5% quedó en tercera posición.

Tras la aceleración en 2008 de la deslocalización de la industria europea a Asia y otros continentes, llegó con el inicio de la actual década el desacoplamiento y el fin de la globalización y el cuestionamiento de la agenda 2030.

La Comisión Europea habla ya de reindustrializar Europa. Pero queda un largo camino para revertir las políticas agrarias de la Unión Europea, que alegremente abren las puertas a alimentos de países ajenos a la Unión, que compiten deslealmente con la producción europea, como, por lo demás han denunciado con tanta reiteración como escasa fortuna, los empresarios y trabajadores del sector primario en el continente.

La crisis del COVID19 y la energética de 2022 por la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Putin se convirtieron en circunstancias traumáticas que abrieron los ojos a los europeos sobre nuestra vulnerabilidad y alarmante dependencia del exterior.

Lo mismo sucede con la alimentación, factor estratégico de primer orden. Europa debe volver a ser autosuficiente industrial y energéticamente, pero también en la producción en un ámbito tan crítico y fundamental para el desarrollo, el bienestar y la prosperidad.

Cada vez adquiere mayor sentido la oposición del gobierno francés a acuerdos de la UE con países no europeos. Francia cuenta con la agricultura más potente del continente, que supone el 1,9% de su PIB, y sus gobiernos siempre han sido muy celosos de mantenerla a pleno rendimiento para garantizar la autosuficiencia alimentaria y la continuidad del sector agrícola y ganadero, así como de las industrias auxiliares. En este escenario, esa determinación ha demostrado todo su sentido y acierto.

El decálogo de las protestas del campo europeo debería ser asumido por las autoridades agrícolas y de asuntos exteriores tanto de la Comisión Europea como de los países miembros.

Más que una reivindicación de un sector determinado, es una cuestión de interés nacional y comunitario lo que está en juego en estos momentos.

En 2023 en España la agricultura representó el 2,3% del PIB, ocupamos el décimo puesto por porcentaje. Mientras que la media de toda la Unión Europea es del 1,7%. El mismo porcentaje que en 2022, pero superior al 1,5% en el que se estancó en el periodo 2018 al 2021.

Los cuatro mayores productores de la UE, Francia, Alemania, Italia y España, concentran el 60% de los 27. Y año tras año se incrementa el abandono de las explotaciones agrarias y ganaderas , motivado tanto por la competencia desleal extranjera, como por las políticas de Bruselas pretendidamente ecológicas, cuyos efectos son catastróficos, tanto para la demografía en las zonas rurales como para el medio ambiente.

En los últimos 15 años, 2008 a 2023, el número de españoles dedicados a la agricultura ha pasado de 984.900 a 895.000. El descenso ha sido del 9,1%.

Es una realidad dramática para un sector crítico para nuestra economía, pero sobre todo para el desarrollo próspero de la sociedad. Ha faltado empatía con el primario y sus gentes y también voluntad de resolver y encauzar sus más que justas reivindicaciones, que al final nos afectan a todos.