El ambigú
Tormenta constitucional
El «gobierno por discusión» no existe, se toman decisiones sin deliberación pública, algo esencial en una democracia
Desde la celebración de las elecciones autonómicas y locales de mayo, España vive inmersa en un paréntesis de parálisis político en la búsqueda de un presidente de Gobierno, lo cual en sí mismo no es extraño, siendo algo que ha ocurrido en otros países europeos. Paralelamente a esto, nos hemos visto inmersos en un debate sobre una más que posible amnistía de los delitos cometidos en eso que se denomina conflicto catalán, lo cual hace que la Presidencia de turno de la Unión Europea este pasando inédita, improductiva e ignota. Pero lo grave no es tanto el síntoma sino la causa del problema que está afectando a nuestro sistema democrático, tal cual es, la proliferación y el papel protagónico que se les ha dado a fuerzas políticas que manifiestan claros signos de falta de adhesión y de lealtad constitucional, y en algunos casos, manifiestos enfrentamientos y cuestionamientos al orden constitucional.
Las elecciones generales de diciembre de 2015 determinaron una fragmentación de resultados que pareció alterar el sistema tradicional de partidos políticos en nuestra democracia, un bipartidismo imperfecto basado desde 1989 en el asentamiento de una fuerza mayoritaria en el centro derecha y otra en el centro izquierda; aquellas elecciones presentaron un resultado que por primera vez no permitía predecir la investidura de un presidente como había ocurrido hasta el momento, el partido ganador de las elecciones siempre había obtenido el apoyo mayoritario a su candidato a presidente de gobierno.
Este modelo de partidos se ha visto alterado en los últimos años, y máxime cuando en España no está ni ensayado ni pretendido un proceso de gran coalición típico en otros países europeos, que permite no solo alcanzar una mayoría de investidura, sino y lo que es más importante, una mayoría de gestión parlamentaria de los problemas reales e importantes para los españoles. Se han celebrado cuatro elecciones generales en los últimos cuatro años, y durante estos años el gobierno ha estado sustentado por un muy inquietante multipartidismo que preocupa y mucho.
Al margen, que no es poco, de la posible amnistía que se cierne, sobre la cual ya poco más se puede decir y advertir, parece que podríamos vernos abocados a repetir esta situación durante algún tiempo más, para la cual la amnistía no solo será presupuesto, sino y lo que es más grave, fundamento de ese futuro gobierno. El fair play político ha desaparecido, cuya ausencia se está desplazando a órganos constitucionales de la máxima importancia para nuestra democracia; el «gobierno por discusión» no existe, se toman decisiones sin deliberación pública, algo esencial en una democracia, y lo que es más catastrófico, el parlamentarismo tradicional basado en el debate intenso pero fructífero de los problemas reales de la gobernanza cotidiana, que son los que más importan a los ciudadanos, es exiguo; la educación, la investigación, el desarrollo económico, la industria, el trasporte, la sanidad, etc. , están ayunos de debates serios y objetivos, debiendo en muchos casos la sociedad civil sustituir al poder político en este cometido.
A esta situación se le une lo más letal todavía, las declaraciones y actuaciones contrarias al sistema constitucional por parte de fuerzas políticas que hoy por hoy resultan necesarias para alcanzar una mayoría de gobierno, algunas preocupantes no solo por su pasado, sino por sus ansias y anhelos de futuro confesados. La situación es difícil, pero queda un halo de esperanza, a pesar de todo ello, el pueblo español no baja su participación en las elecciones, ni parece absorto y ajeno al funcionamiento del sistema sobre el que sigue ejerciendo su control y responsabilidad democrática, ¡ojalá todos estuviéramos a su altura!
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