Justicia, mediación y prevención

El arbitraje y la mediación aparecen como ejes de la Estrategia Nacional de Justicia, que será la plantilla para diseñar su modernización. La idea es buena pues hasta los juristas dicen que el proceso, en sí, es un mal, luego evitarlo es un bien, con ventajas para todos: para el ciudadano en cuanto a celeridad y para el Estado que economizará de medios.

Pensar en medios que eviten el pleito es un clásico en todo programa de reforma judicial. No son fáciles de identificar las razones por las que o no han triunfado o no dan los resultados deseables, pero tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia, lo que exigirá cambios de mentalidad en esa querencia para que sea el Estado quien solvente todo, algo muy propio de sociedades poco flexibles o no muy convencidas de su capacidad para solucionar conflictos.

Insisto, este tipo de ideas son bienvenidas y sería cuestión no sólo de perfeccionarlas, sino de incentivarlas incluso económicamente. De momento apunto dos ideas para esta reflexión. Una, predicar con el ejemplo, y otra, chequear recientes y sonoros fracasos de medios no alternativos, sino preventivos de la litigiosidad que no es lo mismo pero sirven al mismo fin: evitar litigios.

Predicar con el ejemplo. Si hay alguien que tiene medios que ahorrarían muchos litigios, son las Administraciones públicas. No se trata ahora de exponerlos y seguro que todos tenemos noticia aunque sea por las multas de tráfico de que existen los recursos administrativos, obligatorios o potestativos, pero que bien empleados evitarían muchos y largos pleitos.

Ahí tenemos un panorama de medios que lejos de ser remedios al litigio o son meros formulismos, a veces enojosamente obligatorios, o muestran cómo las Administraciones exhiben prepotencia o insensibilidad: tiene usted razón, pero no se la daré yo, que se la dé un juez dentro de unos cuantos años. Y pregunto ¿formará parte de esa Estrategia Nacional de la Justicia obligar a que los recursos administrativos sean realmente eficaces o las desestimaciones formularias o el silencio negativo seguirán provocando una litigación masiva?

Segundo: chequear fracasos. No hablo de arbitrajes o mediaciones fallidas, sino «del antes»: lo que debería haber servido para prevenir la litigiosidad. Sobre esto hay mucha patología pero me fijo ahora en un ejemplo: la avalancha de pleitos que trae consigo la revisión de los préstamos hipotecarios al anularse las cláusulas suelo. La Justicia está preparándose para afrontar el maremoto que viene y sí destaco que es el sistema judicial el que impactarán las consecuencias de una serie de cortafuegos cuya eficacia ha sido defectuosa.

Por ejemplo, habrá que plantearse qué ha fallado en la función de asesoramiento notarial, si la mercantilización de la fe pública ha llevado a que no se haga un control preventivo y un asesoramiento efectivo sobre determinadas cláusulas del banco, cliente del notario, máxime si el perjudicado paga por un servicio impuesto por ley. A modo de eslogan se decía aquello de «notaría abierta, juzgado cerrado», pues algo significará que se haya llegado a un fenómeno muy distinto: «notaría abierta, juzgado colapsado».

También habría que indagar qué ha fallado para que la calificación registral no haya funcionado pues, salvo que esté en un error, a los registradores les corresponde –y por ello también cobran– calificar la legalidad de los documentos presentados para su inscripción. Incluso habría sitio para otro cortafuegos más que chequear: los distintos y variados servicios administrativos de tutela de los consumidores. En fin, si tras un accidente se reconstruye el curso de los hechos para dar con la causa del siniestro, no estaría de más revisar y mejorar, también, los de prevención: ya no vale ponerse de perfil o acudir a la fácil crítica corporativa de tildar al juez de populista o aprendiz de legislador.

En definitiva, si se quieren potenciar los medios para evitar el pleito, reflexionemos no sobre unos sino sobre todos, empezando la reflexión por lo que ya hay y no debería fallar. Aunque sea para que, respecto de la Justicia, no cobre cuerpo ese fantasma de sospecha que se cierne sobre la privatización o externalización de ciertas funciones públicas: ¿por qué mejorarlas si se puede sacar partido –incluso negocio– de su mal funcionamiento?