Tropelía constitucional con la amnistía ilegal

La maquinaria sanchista está volcada en uno de los hitos que debe marcar sus posibilidades de concluir la legislatura, clave en su estrategia de defensa frente a las investigaciones por corrupción abiertas en instancias judiciales. Sabe el presidente y sus colaboradores que el poder los brinda instrumentos eficaces y rotundos para contener los daños inherentes a los escándalos y trabar hasta el infinito y lo imposible el trabajo de los jueces. La amnistía es la llave de la que hablamos para que Carles Puigdemont y Junts colaboren en la gobernabilidad o al menos no fuercen una situación insostenible que precipite el fin y las elecciones. En el Tribunal Constitucional se dirime el futuro del indulto general pactado entre Sánchez y el ex presidente catalán después de que encallara en el Supremo que no comulgó con las ruedas de molino de esa chapuza extraordinaria elevada a rango de ley como estipendio del separatismo por sus votos en el Congreso. La serie de recursos interpuestos ante la corte de garantías contra la indulgencia al procés, incluido el del propio Supremo, recibirá en breve el fallo con el refrendo a tal arbitrariedad torticera. Adelantamos hoy que los letrados del TC encargados de redactar el borrador de la sentencia que resolverá, en primer lugar, la demanda del PP tienen muy avanzados los trabajos de la ponencia que saldrá adelante con el rodillo habitual favorable en todas las deliberaciones que tienen interés para Moncloa y que es también el seguro de vida para la legislatura. En realidad, el esfuerzo de los escribas consiste fundamentalmente en vestir con cierto decoro y apariencia de Derecho un veredicto ya decretado desde la Presidencia. Es el trabajo sucio para el que fueron contratados con la obediencia como única consigna. A estas alturas damos por hecho que no existe posibilidad de que los magistrados sanchistas, encabezados por Conde-Pumpido, actúen en conciencia como juristas en un proceso tan crítico para nuestro estado de derecho. Hace tiempo que la dignidad y la respetabilidad se fueron por el sumidero de la militancia gubernamental. Sellarán una ley que es un bodrio antijurídico contrario a nuestra norma fundamental –que prohíbe la gracia general–, que arrasa con el principio de igualdad y el de legalidad, en cuanto se trata de un privilegio personal de inmunidad que contradice la generalidad del derecho penal, así como a la tutela judicial efectiva. Es una amnistía con nombres y apellidos que ni una sola voz de prestigio ha avalado. Aunque tarde para los tiempos políticos, los tribunales europeos corregirán la aberración para oprobio de los que la patrocinaron. Habrá justicia por más que flemática. En todo caso, deben saber Pumpido y compañía que sus actos no se encuentran amparados por la inviolabilidad. Tampoco los de Sánchez y su régimen presidencialista contrario a la Constitución, la democracia y el pueblo.