Desde el primer mandato de George Bush hijo, las pretensiones de todos los gobiernos en Estados Unidos han perseguido –sin éxito– el mismo propósito respecto a Venezuela: instalar en ese país un gobierno afín que les garantice el acceso exclusivo y preferencial a los ingentes recursos naturales del país. Lejos de moderar los niveles de injerencia, las sucesivas administraciones estadounidenses (Obama, Trump, Biden y de nuevo Trump) han contribuido de manera sostenida a la agenda de agresión contra los gobiernos chavistas.

Tras un cuarto de siglo de fracasos en sus intentos de cambio de régimen en Venezuela, la emergencia geopolítica característica del actual momento histórico parece estar precipitando a EE.UU. a amagar con la posibilidad de emplear la opción militar. Trump y las grandes empresas petroleras del país norteamericano, presentes e influyentes tanto en su Gobierno como en el ecosistema político del país, nunca han disimulado sus deseos de volver a hacer las cosas a la usanza de la época de la unipolaridad estadounidense, de la década de los noventa. Controlar yacimientos y ofrecer dádivas, como era norma en Venezuela hasta 1999.

En consecuencia, a juzgar por las acciones de su primer mandato, de la actual presidencia de Donald Trump no cabe esperar sino una intensificación en los niveles de hostigamiento sobre el gobierno Maduro. La desaforada acción exterior que el secretario de Estado, Marco Rubio, practica en América Latina se inscribe en esta dinámica. La infructuosa gira de Rubio por el Caribe, cuyo objetivo era establecer un cerco sobre Cuba para reforzar la asfixia económica de la isla y limitar la cooperación de esta con Nicaragua y Venezuela, lejos de persuadirlo lo está llevando a otros países de la región para sondear el camino inverso. En estos momentos busca intensificar la política de máxima presión sobre Caracas con el deseo de que un eventual cambio de régimen en ese país desencadene un efecto dominó en La Habana y en Managua.

El anuncio del despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el mar Caribe, aparentemente en aguas cercanas a Venezuela, forma parte del mismo plan de amedrantamiento. Sin embargo, en esta ocasión la amenaza trasciende a Venezuela, Nicaragua o Cuba. La obtusa fobia de Rubio hacia estos tres países, la arrogante tradición monroista del Departamento de Estado y la visión jingoísta del Departamento de Defensa ponen en riesgo la paz y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe. Una de las escasas regiones del mundo donde la resolución de diferendos políticos entre Estados se viene realizando por medios pacíficos. Las contadas guerras convencionales que ha experimentado la región en los últimos cincuenta años derivan, precisamente, de las agresiones estadounidenses y el conflicto armado de las Malvinas, entre Argentina y Reino Unido. Es decir, han estado motivadas por las agendas imperialistas y colonialistas que terceras potencias tienen en el subcontinente.

¿Por qué la repentina situación en torno a Venezuela? ¿Qué elemento político o estratégico justifica el despliegue de un submarino nuclear en una región que, en virtud del Tratado de Tlatelolco (1967), se ha declarado libre de armas nucleares? ¿Busca realmente combatir el tráfico de drogas hacia EE.UU. o trata de disuadir a alguien? ¿Será que la generalizada percepción de rezago geopolítico en la pugna que libra contra China y otras potencias emergentes está precipitando a la Administración Trump? Son preguntas retóricas. Lo cierto del caso es que la estructura regimental de Occidente ha colapsado y las reglas que la sostenían también.

Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, la impresión que transmite el confuso despliegue estadounidense es justamente esa. Por una parte, parece diseñado para confundir y fragmentar al estamento militar venezolano mediante la simulación de la amenaza convencional y la guerra psicológica. Por la otra, distraer al chavismo con anuncios grandilocuentes mientras se impulsan agendas ocultas, furtivas por naturaleza, que conduzcan a la consecución del mismo objetivo: el cambio de régimen.

Agotadas las narrativas de la protección de los derechos humanos (que las propias medidas coercitivas estadounidenses han lesionado masivamente) y la defensa de la democracia (reconocieron como presidente a Juan Guaidó, sin la ordinaria formalidad de concurrir en elecciones presidenciales), EE.UU. se ve obligada a recurrir a otro relato. El marco narrativo impuesto ahora es el del combate a los carteles de la droga. Pero no en México, Colombia o Ecuador. En Venezuela, un país que ni cultiva, ni produce, ni constituye ruta principal alguna. Se trata de un relato aberrante, que no cuida las más primitivas maneras de la propaganda y la intoxicación informativa. EE.UU. pretende hacer creer, en serio, que un Estado como el venezolano, que posee tantos recursos naturales, que ellos han tratado sistemáticamente de arrebatar, necesita recurrir a las rutas más bajas y marginales del comercio ilícito internacional.

Youssef Louah Rouhhou, es analista de asuntos internacionales.