Jubilación

Los jubilados anticipados con más de 40 años de cotización denuncian en la UE la discriminación de sus pensiones

Denuncian ante el Parlamento Europeo la merma injustificada de sus pensiones y reclaman que sean restablecidas. Desde Bruselas aseguraron que se "seguirá vigilando" que no haya trato discriminatorio y que se "siga cumpliendo con las recomendaciones y legislación de la UE"

Dos jubilados charlan en la calle, en Bilbao.
Dos jubilados charlan en la calle, en Bilbao.LUIS TEJIDOAgencia EFE

Sus voces han cruzado nuestras fronteras y ya se oyen en el Parlamento Europeo. Son los jubilados españoles con carreras larga de cotización -de más de 40 años- que vieron como sus pensiones se redujeron tras verse forzados a jubilarse anticipadamente. Lo denunciaron ayer ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) en el que alzaron la voz para acusar al Gobierno español de discriminación, ya que defienden que el sistema español de pensiones "discrimina" a trabajadores que se jubilaron anticipadamente pero cotizaron más de cuarenta años frente a otros que han contribuido durante menos tiempo y tiene sus pensiones completas, en particular los funcionarios públicos.

La combativa asociación Asjubi 40 ha sido la encargada, a través del bufete de abogados Navas y Cusí, de presentar un recurso para que se reconozcan sus derechos y se recuperen la totalidad de sus pensiones para los más de 900.000 jubilados que se vieron obligados a jubilarse antes de los 65 años pero habían cotizado ya durante más de cuatro décadas, sobre todo forzados por la Gran Crisis Financiera de 2008. Reclaman que se aplique el mismo trato entre los beneficiarios del régimen general de la seguridad y los miembros de las clases pasivas, los funcionarios públicos, que en la actualidad constituye una discriminación directa.

En concreto, señalan que los funcionarios tienen la posibilidad de jubilarse anticipadamente con un periodo de cotización más corto, la edad mínima de acceso más baja, de 60 años frente a 63 de la jubilación voluntaria y 61 del régimen general, la ausencia de coeficientes reductores a partir de los 35 años de servicio y la aplicación de reducciones considerablemente menores con solo 30 años cotizados. La asociación denuncia que los distintos gobiernos "no han dado una respuesta suficiente" a sus demandas por lo que ha decidido iniciar acciones en el ámbito europeo.

Desde el bufete creen que la Comisión Europea podría actuar en este caso si tiene en cuenta cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en la materia. Según recoge Efe, un dosier húngaro en el que la corte estableció que la competencia en materia de legislación de pensiones que tienen los Estados "no opera cuando se infringe el derecho primario", en este caso, la directiva que busca proteger contra la discriminación por cualquier tipo de razón. Con estos argumentos sobre la mesa, la Comisión de Peticiones decidió dejar abierto el dosier a la espera de una repuesta por escrito de la Comisión Europea, tal y como defendieron durante el debate eurodiputados del Partido Popular, los Verdes, La Izquierda y Patriotas por Europa.

El Ejecutivo comunitario, no obstante, argumentó durante el mismo que los sistemas de pensiones son competencia nacional por lo que corresponde al Estado español asegurar un "trato adecuado a los jubilados con largas carreras profesionales", aunque Bruselas "seguirá vigilando que ese trato siga cumpliendo con las recomendaciones y legislación de la UE".

El representante de la Comisión Europea reconoció, en todo caso, que sus informes muestran que en los regímenes de jubilación de la UE existe la tendencia a que el momento de la entrada en el mercado laboral y la duración real de la carrera profesional tengan una repercusión menor en la pensión que la edad a la que uno se jubila, lo que genera un "desequilibrio". Esto sugiere que los sistemas de jubilación "posiblemente tengan que ajustar la trayectoria de llegada a la jubilación en función de diferentes perfiles profesionales para que esto no dé pie a un trato desigual". La asociación considera que en España "se infringe el derecho primario", en este caso, la Directiva que busca proteger contra la discriminación por cualquier tipo de razón.