El ambigú
Violencia de género
Este debate se debe reconducir a través de un auténtico pacto de estado entre las principales fuerzas políticas
De nuevo la violencia denominada en España de género vuelve a estar entre trincheras y se convierte en cuestión de debate político, provocando un desenfoque que nada ayuda a luchar contra esta lacra social. Lo que subyace en el fondo es una tensión política consecuencia de una excesiva polarización que no contribuye en nada a luchar contra la violencia de género. No se debería hacer política con este tema, pueden y deben darse diversos puntos de vista en su enfoque, estando obligados los políticos a buscar consensos y acuerdos como se viene haciendo desde hace muchos años. Negar la violencia que algunos hombres (y alguna mujer, en mucha menor medida) ejercen contra su pareja o expareja precisamente como consecuencia de tal relación actual o extinta, es un craso error; pero también lo es el intento de patrimonializar, como se hace desde la izquierda política y mediática, las soluciones frente a esta lacra criminal; creerse los campeones de la lucha contra la violencia sobre la mujer es sencillamente una ensoberbecida actitud que poco favorece a identificar soluciones. La igualdad es un valor constitucional que proscribe cualquier tipo de discriminación y obliga a los poderes públicos a remover cualquier obstáculo que impida su desarrollo real; por ello, habrá que priorizar las políticas públicas de remoción de obstáculos con aquellas personas más vulnerables de padecer desigualdades. La ley de Violencia de género se ha convertido en un instrumento legal que busca estos fines, pero es perfectible y mucho; por otro lado, uno de sus elementos de fortaleza lo constituye la orden de protección, cuya puesta en marcha fue anterior a la propia ley, construyendo pues este marco normativo dos gobiernos de diferentes signos. Cuando nos referimos a la violencia de género hablamos sobre todo de delitos y penas, hablamos de delincuentes y víctimas, y no de hombres y mujeres, y por ello se debe trabajar más en la evitación del delito, conociendo que los agresores son mayoritariamente hombres y las víctimas son mayoritariamente mujeres. España es uno de los países europeos con menores cifras en esta delincuencia y lo lleva siendo desde hace años con gobiernos de diferente ideología. Resulta especialmente repulsivo y desvergonzado que un expresidente de gobierno se atribuya la victoria frente al terrorismo, y de igual manera, que desde los partidos de izquierda se atribuyan el éxito de la lucha contra la violencia de género. Que la violencia sobre la mujer tenga un origen sociológico marcado por el machismo no obliga a abordar la respuesta penal desde esta óptica, se puede hacer y en España se ha hecho. Por el contrario, en Alemania prima un enfoque basado en la violencia doméstica (siendo lo relevante para su calificación el ámbito en el que ésta se produce y no el género de los sujetos implicados); en España, en la violencia de género es relevante para su calificación la existencia de una relación de género machista; la cuestión es si Alemania es un país donde se garantiza menos la igualdad que en España por haber elegido otra opción penal, y yo creo que no. En mi opinión debemos diferenciar cómo se aborda la garantía de la igualdad como valor constitucional y derecho fundamental, de cómo se aborda el tratamiento penal, y en esto último caben opciones legislativas, las cuales aun diferentes pueden ser válidas y legítimas; cuestión distinta es valorar y examinar qué opción legislativa es más eficaz y protege mejor a la víctima y en definitiva evita la comisión de delitos. Este debate se debe reconducir a través de un auténtico pacto de estado entre las principales fuerzas políticas, pero no olvidemos que la garantía de la igualdad comienza con la tolerancia.
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