La vivienda en serio

El Tribunal Constitucional ha dictado una resolución en la que se recuerda que la suspensión de un procedimiento de desahucio de vivienda está prevista para casos en los que los arrendatarios se encuentren en una situación delicada y sin alternativa habitacional, pero un miembro del tribunal alerta de que las sucesivas prórrogas del decreto-ley del Gobierno, aprobado en pandemia y que se prolonga por más de 5 años están «desnaturalizando» el derecho de los propietarios; razón no le falta, se trata de una auténtica expropiación temporal.

Una política seria sobre la vivienda en España requeriría un pacto de Estado imposible en un momento político como el actual. Posturas extremadamente ideologizadas en esta materia provocan resultados totalmente contrarios a los pretendidos. Estamos ante políticas que buscan proteger a los inquilinos, limitando los precios de alquiler, así como los desahucios; pero estas bienintencionadas medidas, están produciendo un efecto contrario al esperado: en lugar de ofrecer la vivienda más accesible, están desincentivando la oferta y contribuyen a encarecer el mercado.

Uno de los pilares de las políticas de vivienda en España es el control de precios en las zonas denominadas «tensionadas», y donde se ha aplicado está teniendo un efecto opuesto, los propietarios que no pueden ajustar los precios según las condiciones del mercado prefieren retirar sus viviendas de alquiler o destinarlas a usos alternativos, como el alquiler turístico, que es mucho más rentable. La consecuencia directa de esta reducción de la oferta es un aumento de los precios en las zonas donde no se aplica el control, y una disminución de la calidad de las viviendas que se alquilan a precios regulados, y a esto se le une que en caso de incumplimiento del contrato de alquiler los propietarios se enfrentan a un largo proceso.

Por otro lado, las ocupaciones ilegales de viviendas, tanto como resultado de acciones criminales como de incumplimientos civiles, provocan una gran desprotección del derecho de propiedad. Las posibles soluciones pasan por modelos que incentiven la oferta de vivienda en lugar de restringirla. Es fundamental garantizar que los propietarios cuenten con mecanismos ágiles y efectivos para recuperar sus propiedades en casos de impago u ocupación ilegal, un marco legal que les brinde seguridad no solo restauraría la confianza en el mercado de alquiler, sino que incentivaría a más propietarios a poner sus inmuebles en alquiler, sabiendo que sus derechos están protegidos. El mercado de la vivienda necesita un aumento significativo de la oferta para poder equilibrar los precios.

Por otro lado, reducir los trámites administrativos para la construcción de nuevas viviendas y permitir cambios de uso de suelo de forma ágil y flexible, como convertir espacios comerciales en residenciales, puede ser clave para aumentar la oferta. La construcción de viviendas sociales o protegidas debe incentivarse, no solo a través de proyectos públicos, sino también mediante colaboración con el sector privado. Por último, ofrecer ventajas fiscales a los pequeños propietarios que pongan sus viviendas en alquiler puede ser un efectivo estímulo para ofrecer más viviendas al mercado. Solo con un enfoque equilibrado, que combine protección para los propietarios e incentivos reales para aumentar la oferta, se podrá garantizar un mejor acceso a la vivienda. Es necesario dejar de cargar todo el peso sobre una sola parte del mercado y fomentar un modelo donde todos colaboren para ofrecer mejores soluciones.

Albert Camus dijo: «El bienestar de los pueblos nunca ha sido el resultado de la política de los políticos»; a veces las políticas diseñadas para mejorar la situación de los ciudadanos acaban alejándose de la realidad y del bienestar que prometen. Las soluciones simples a problemas complejos rara vez funcionan, y la excesiva intervención suele ser perjudicial.