Lo que se incauta se quema

Debido al papel de puerta de entrada de la droga en Europa que históricamente ha jugado España, son numerosas las operaciones policiales que se llevan a cabo en nuestro país para luchar contra el tráfico ilegal de estas sustancias y, en consecuencia, cientos de toneladas son requisadas cada año. De hecho, el 70 por ciento de las incautaciones europeas de hachís se producen en España, que es además el cuarto país con más cocaína decomisada a nivel mundial. No obstante, una vez requisada, toda esa droga puede pasar años almacenada hasta ser destruida, muchas veces en depósitos que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad y que son un blanco fácil para los criminales. Por este motivo, la Fiscalía General del Estado se ha propuesto que toda la droga incautada sea destruida lo antes posible, conservando únicamente una pequeña muestra para garantizar posteriores análisis o investigaciones judiciales, según una instrucción del 3 de diciembre a los fiscales de toda España y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

«Situaciones de peligro»

En el documento, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reconoce que el almacenamiento y custodia de importantes cantidades de droga genera «situaciones de peligro» derivadas de su «alto valor económico en el mercado ilegal», por lo que son precisas «especiales medidas de vigilancia» en estos depósitos, y esto no siempre se cumple, como demuestran los últimos robos acaecidos en almacenes policiales. El escrito señala que este problema no sólo concierne a la salud pública, sino que es también un asunto económico. Así, Torres-Dulce asegura que «la existencia de estos almacenamientos masivos y prolongados en el tiempo comporta elevados costes para la Administración, sin que en la mayoría de los casos implique beneficio o utilidad alguna». En otras palabras, guardar esta droga cuesta dinero a las arcas públicas y, en tiempos de crisis, hay que minimizar este gasto.

No obstante, esta problemática no es nueva, pues ya en 1991 y posteriormente en 2005, se establecieron pautas para la destrucción de la droga incautada, salvo orden expresa por parte de la autoridad judicial para su conservación íntegra y sólo en situaciones excepcionales. De hecho, según una modificación en 2006 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «el juez instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, ordenará su inmediata destrucción conservando muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, todo ello sin perjuicio de que, de forma motivada, el órgano judicial considere necesario la conservación de la totalidad», hasta que exista una sentencia firme. Para la Fiscalía Especial Antidroga, el importante aumento de los depósitos de drogas se ha generado a consecuencia de este cambio legal, «no siendo posible la destrucción por decisión administrativa» y siendo precisa «autorización judicial», según se puso de manifiesto en su Junta General en mayo de 2010.

En este sentido, el Fiscal General del Estado alerta de que la situación generada por los depósitos de sustancias intervenidas en delitos contra la salud pública, «lejos de solucionarse», en la actualidad ha llegado a ser «especialmente preocupante», por cuanto la acumulación «sobrepasa la capacidad de almacenamiento de los depósitos previstos» y «obliga a que una parte sea custodiada en lugares inapropiados, con los consiguientes riesgos de salubridad y seguridad». Asimismo, resalta que existen drogas almacenadas que no tienen relación con procedimientos judiciales penales. «Proceden de aprehensiones realizadas en virtud de actuaciones policiales de carácter administrativo», es decir, normalmente incautadas por la Policía a ciudadanos que las emplean para su propio consumo.

Para tratar de atajar este problema, Torres-Dulce insta al resto de fiscales a «interesar con carácter general, salvo excepciones muy justificadas, la destrucción de la droga» incautada. Para ello, el Fiscal General del Estado les insta a «promover la audiencia previa» establecida por Ley, aprovechando incluso «el acto de toma de declaración de los detenidos, incluso durante el servicio de guardia» para solicitar al juez la inmediata destrucción de la droga. Es más, les pide que no se limiten a la simple solicitud, sino que su actuación «deberá prolongarse hasta la constatación de su ejecución efectiva». Si el juez no les da la razón o no les responde, el documento llama a los fiscales a recurrir al fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, «cuando se produzcan reiteradas resoluciones denegatorias o falta de respuesta judicial».