Sanidad tardó una semana en «proteger» de urgencia las residencias

Los ancianos y los enfermos con el sistema inmunológico debilitado son, por este orden, las principales víctimas del coronavirus. Aunque todavía no existen datos fiables en España, las informaciones procedentes de los hospitales de nuestro país y las estadísticas que fluyen desde Italia y otros estados golpeados por la pandemia sitúan a los mayores de 70 años y, especialmente, a los que tienen una edad superior a los 80, como el grupo de población más vulnerable ante el Covid-19.

De hecho, solo en las residencias de Madrid se estima que podrían haber fallecido por posible coronavirus 4.250 ancianos hasta la fecha, una cifra que se elevaría incluso hasta los 9.000 en toda España. A pesar de que numerosos especialistas les sitúa como el primer colectivo al que deberían haber protegido las autoridades sanitarias, empezando por ejemplo por él las medidas de aislamiento y la práctica de test de detección, no ha habido ninguna acción estatal específica para la población de más edad de las residencias hasta bien entrada la pandemia.

La gestión de las residencias corresponde en España a las comunidades autónomas. Algunos juristas interpretan que la situación de alerta máxima de Salud Pública que vive el país debería haber llevado al Gobierno a intervenir sobre ellas desde el primer momento en que surgen las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante los meses de enero y febrero. Sin embargo, no lo hizo y esperó incluso hasta el 21 de marzo, siete días después de la declaración del Estado de Alarma, para dictar directrices al respecto.

Guiño al independentismo

En el real decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se establece dicho Estado, el Gobierno respeta la competencia de las autonomías en la gestión sanitaria ordinaria, lo que se interpretó por varios sectores políticos como un guiño a los partidos independentistas, pero se puntualiza que dicha gestión se ejercerá en el marco de las instrucciones emanadas del mando único, atribuido al Ministerio de Sanidad. Inmediatamente después de la declaración, el Ejecutivo consideró como urgentes aspectos de la vida cotidiana como, por ejemplo, sacar al perro o permitir la apertura de peluquerías, aunque esta última medida se revocó después. Sin embargo, esperó siete días para dictar instrucciones sobre residencias de ancianos, en donde se ubicaba el colectivo con mayor riesgo, como certifica la oleada de defunciones que se han producido en su interior. Lo hizo a través de la orden SND/265/2020 de 19 de marzo del Ministerio de Sanidad, que no entró en vigor hasta el 21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dicha norma se refiere a la adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid- 19 en nuestro país.

Centros sociosanitarios

Una semana después de declarar el Estado de Alarma y transcurridos más de dos meses desde que la OMS lanzara sus primeras alertas sobre el riesgo para la salud pública de la pandemia, el departamento que dirige Salvador Illa establece que «los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección Covid-19 por varios motivos, como son, entre otros, que habitualmente presentan edad avanzada, patologías de base o comorbilidades, y su estrecho contacto con otras personas como son sus cuidadores y otros convivientes».

«La propagación del Covid-19 entre personas vulnerables que viven en residencias de mayores se está observando en los últimos días, por lo que es necesario avanzar en la adopción de medidas organizativas y de coordinación orientadas a reducir el riesgo de contagio así como a tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad», remarca la disposición.

El texto incluye que, «con carácter general, y siempre que exista disponibilidad, deberá realizarse la prueba diagnóstica de confirmación a los casos que presenten síntomas de infección respiratoria aguda para confirmar posible infección», así como el aislamiento en el interior de las residencias de los pacientes si tras una primera valoración presentan síntomas leves. Ahora bien, aunque la norma es dictada por Sanidad, la competencia de coordinación y seguimiento en este ámbito corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que es titular Pablo Iglesias. Su última y única comparecencia para hablar precisamente del drama de las residencias se produjo con motivo de la aparición de esta disposición. En concreto, anunció «una batería» de medidas entre las que figura destinar 300 millones para reforzar la asistencia domiciliaria o las plantillas de trabajadores sociales.

Más de 20 días después, ni su departamento ni el Gobierno han hecho públicos los frutos de su gestión o el papel que, por ejemplo, está jugando el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), organismo que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Iglesias y que, además de coordinar los viajes –suspendidos– de los mayores, dispone también de un censo de residencias. La inacción del Gobierno ha llevado la Federación Lares a exigir nuevas medidas urgentes a Sánchez «ante el abandono de las residencias de personas mayores y en situación de discapacidad», trasladándole «la más enérgica exigencia del cumplimiento de las palabras dadas, de los decretos publicados y de los famosos materiales y personal que nunca llegan».