La patronal de la privada acude en defensa del modelo sanitario de los funcionarios

Aspe destaca la eficiencia de Muface y advierte al Gobierno de que consideraría una agresión su eliminación y el fin de las desgravaciones de las empresas por los seguros de salud

El ministro de Sanidad, Salvador Illa
El ministro de Sanidad, Salvador IllaJ.J. GuillénEFE

La Alianza de la Sanidad Privada (Aspe) ha rechazado el contenido del borrador del plan de acción que ha elaborado el Ministerio de Sanidad para la transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-Covid-19. Tal y como adelantó LA RAZÓN, dicho plan aboga implícitamente por suprimir el modelo de asistencia sanitaria de Muface para los funcionarios, propone eliminar las desgravaciones de las que se benefician las empresas por los seguros de salud de sus trabajadores, y pretende que la industria farmacéutica corte de raíz la información que proporciona a los sanitarios sobre los medicamentos, y que “revierta” 8.000 millones que, a juicio del Ministerio, equivalen al sobrecoste del precio de los fármacos que llegan al sistema.

En un comunicado, la patronal de la sanidad privada se suma a los planteamientos esbozados ayer por la Fundación Idis, y muestra su “disconformidad” con las medidas planteadas. El impulsor del documento ha sido el número 2 del ministro Salvador Illa, Faustino Blanco, quien se ha apoyado en un conocido grupo de expertos de izquierdas entre los que figuran, por ejemplo, Fernando Lamata, Juan José Rodríguez Sendín o Ramón Gálvez, entre otros. Según Aspe, el gasto sanitario per capita de Muface es de 883 euros, frente a los 1.224 euros anuales del sistema sanitario público. El ahorro que aporta, por tanto, para las arcas públicas, es de 341 euros anuales por funcionario, es decir, 682 millones de euros en total. La patronal recuerda que “Muface es un modelo de colaboración público-privado contrastado, consolidado y eficiente. Una opción que actualmente es seleccionada por el 84% de los funcionarios”. La patronal asegura además que entendería la supresión de la desgravación del seguro de salud como una “agresión directa tanto al sector asegurador como al trabajador y un nuevo límite a las políticas empresariales de retribución flexible”. “Priva a los ciudadanos de realizar un copago voluntario con el consiguiente ahorro que supone para el Estado acabaría con uno de los modelos más asequibles de Europa, incrementando el coste de los seguros y reduciendo la accesibilidad sanitaria”, sostiene.