Un comercio reta a Sanidad al vender test de embarazo sin permiso y provoca un nuevo debate público

Comprar un test de embarazo no es tan accesible como parece. El caso de un comercio ubicado en Castilla-La Mancha que comercializaba test de embarazo fuera de la ley ha reabierto un debate olvidado en España. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha prohibido expresamente a una parafarmacia Medinet Clinic, en Sonseca (Toledo), la venta de este producto sanitario, ordenando su retirada inmediata del establecimiento al considerar que su comercialización está legalmente restringida a farmacias.

Esa intervención, abordada en el último resumen mensual de actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha reavivado el debate sobre los límites a la venta de productos sanitarios en España. ¿La venta de este tipo de pruebas de embarazo debería estar limitada por ley a las farmacias?

La normativa invocada por la Consejería de Sanidad se basa en el Real Decreto 1662/2000, que regula los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Este texto legal establece que solo las oficinas de farmacia están autorizadas para vender este tipo de productos, tanto de forma presencial como en línea. El objetivo de esta limitación, según Sanidad, no es otro que proteger la salud pública. La restricción se justifica por "una razón imperiosa de interés general", tal como contempla la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), y por tanto no vulneraría el principio de libre circulación de bienes y servicios entre regiones.

En la práctica, esto significa que cualquier establecimiento que no sea una farmacia, incluidas parafarmacias, supermercados o comercios online, no puede legalmente vender pruebas de embarazo. Tampoco está permitida su venta a través de plataformas de comercio electrónico si no está gestionada directamente por una farmacia. Esta situación sorprende a muchos consumidores, ya que las pruebas de embarazo se perciben como productos de acceso común, disponibles incluso en máquinas expendedoras en otros países. En España, sin embargo, siguen estando catalogadas como productos de diagnóstico in vitro, lo que implica un marco legal más estricto.

La CNMC pide abrir el mercado

A pesar de la postura de Sanidad, la CNMC no comparte plenamente esta visión. En distintos informes —el IPN/CNMC/003/24 y el IPN/CNMC/009/23—, el organismo regulador recomienda la liberalización de la venta de los test y pruebas de embarazo, siempre y cuando los comercios cumplan ciertos requisitos sanitarios y de información al consumidor.

Según la CNMC, la reserva actual limita innecesariamente la competencia y el acceso de los ciudadanos a productos de primera necesidad. En su opinión, permitir la venta en otros establecimientos, incluidos aquellos en línea, fomentaría precios más competitivos, mayor accesibilidad y mejores opciones para el consumidor, sin comprometer la seguridad si se cumplen las condiciones técnicas exigidas.

Un debate que va más allá del test de embarazo

Este caso reabre una cuestión más amplia sobre qué productos sanitarios pueden venderse fuera de las farmacias y bajo qué condiciones. Los test de embarazo son solo un ejemplo, pero el debate se extiende también a otros dispositivos, como test de ovulación, glucómetros o termómetros digitales.

Por ahora, el criterio legal sigue siendo restrictivo. El Real Decreto de 2000 no ha sido modificado sustancialmente desde su aprobación, lo que para muchos expertos contrasta con la evolución tecnológica, la digitalización del comercio y la creciente autonomía del paciente.

La resolución en Castilla-La Mancha implica que los consumidores deben acudir exclusivamente a una farmacia si quieren adquirir un test de embarazo. Las parafarmacias que incumplan esta norma pueden ser sancionadas. La venta online tampoco está permitida si no es gestionada por una farmacia acreditada, lo que podría afectar a plataformas generalistas y marketplaces.

Pero, para algunas voces, esto supone una limitación para el consumidor o consumidora media, que puede restringir la privacidad, la rapidez y la disponibilidad de este tipo de productos, especialmente en zonas rurales o con poca oferta farmacéutica.

Mientras tanto, la CNMC insiste en la necesidad de revisar la normativa para adaptarla a las nuevas realidades del comercio y del autocuidado. Y aunque Sanidad defiende su postura por motivos de salud pública, el choque entre regulación y competencia vuelve a estar sobre la mesa. La pregunta es clara: ¿debería un test de embarazo seguir siendo un producto reservado únicamente a las farmacias? La respuesta, por ahora, sigue siendo que sí.