Opinión

Laboratorios y privada, en la diana de Mónica García

La principal amenaza llega a través de Muface, un régimen que nunca fue del gusto de la izquierda

Monica Garcia en el Congreso de los Diputados el día de la investidura de Pedro Sánchez.
Monica Garcia en el Congreso de los Diputados el día de la investidura de Pedro Sánchez.David JarLa Razón

El desembarco de Mónica García en el Ministerio de Sanidad ha causado un gran revuelo en el sector. Las ideas radicales de la anestesista y de su lugarteniente, el secretario de Estado Javier Padilla, suscitan recelos por igual entre la Sanidad privada y la industria farmacéutica, blancos de los ataques de ambos durante su etapa en la Comunidad de Madrid. El segundo incluso propuso la creación de un laboratorio público desde el que fabricar medicamentos esenciales que pudieran sufrir problemas de desabastecimiento.

¿Hay motivos reales para la alarma? El que esto escribe tiene sus dudas. Durante la anterior legislatura, Pedro Sánchez demostró una conexión especial con las compañías farmacéuticas, sabedor de que la labor de algunas de ellas y de su patronal, Farmaindustria, fue clave para poner fin al caos desatado por la pandemia. Desde este punto de vista, no parece probable que Moncloa tolere agresiones a dicho sector, más allá del establecimiento de algún tipo de ajuste a los precios similar al que utilizaba María Jesús Montero con las subastas de medicamentos en Andalucía, durante su etapa de consejera.

Con respecto a la privada, la principal amenaza llega a través de Muface, un régimen que nunca fue del gusto de la izquierda por considerarlo discriminatorio y que se encuentra hoy inmerso en una situación agónica por mor de la insuficiencia presupuestaria. El problema es que eliminarlo llevaría de facto a casi dos millones de mutualistas y beneficiarios a usar la cartera de servicios de la Sanidad pública, lo que abocaría al colapso de esta última. En cuanto a la colaboración público-privada, resultan difíciles las «agresiones» gubernamentales, toda vez que Junts y PNV son firmes defensores de esta fórmula gestora.