El Gobierno reactiva la «Ley Celaá» en plena vuelta al cole

Mientras los alumnos de distintas comunidades autónomas y etapas educativas retornan a la actividad académica ante un curso incierto, el Gobierno quiere ya retomar una de sus prioridades: la reforma de la ley de Educación que supondrá la derogación de la Lomce, la única ley educativa del PP que ha resultado ser más longeva de lo que nadie hubiera pensado (siete años en vigor). La idea es que este sea el último curso académico que esté vigente porque la ministra de Educación, Isabel Celaá, ya ha manifestado su voluntad de que la reforma educativa que ha impulsado esté aprobada antes de final de año.

La «ley Celaá» superó la primera embestida antes del verano, en el mes de marzo, después de que el Congreso tumbara las enmiendas de PP, Cs y Vox, que pedían la devolución de la ley. Los grupos de la oposición han venido pidiendo que se frenara la tramitación de la ley ante lo inoportuno de que una modificación de este calado se lleve a cabo en las circunstancias actuales por la incierta deriva del curso académico. Pero el Grupo Socialista en el Congreso no está dispuesto a que haya más prórrogas del plazo de presentación de enmiendas parciales de la ley. El miércoles concluye después de que haya habido hasta once prórrogas. A partir de ese momento, comenzarán las negociaciones y proseguirá todo el trámite parlamentario hasta que la Lomloe vea la luz.

«No tiene nada que ver el inicio del curso con la reforma de una ley que es necesaria porque hay un acuerdo de derogar la Lomce cuanto antes. Ya hemos atendido las peticiones de ampliación de plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos políticos, pero estamos pensando en no hacerlo más allá de esta semana», asegura a LA RAZÓN Mari Luz Martínez Seijo, la portavoz de Educación en el Congreso del Grupo Socialista.

Martínez Seijo ha detallado que, durante los últimos meses, su grupo ha recibido aportaciones de asociaciones y de la comunidad educativa que se han visto plasmadas en 150 propuestas de modificación. Las enmiendas que presentará su grupo a la ley tienen que ver con asuntos sobre los que han apreciado una mayor preocupación: «La inclusión educativa en el sistema de las personas con discapacidad, hay mucha inquietud también sobre los contenidos relacionados con la transición ecológica y respeto al medio ambiente, y también con todo lo relacionado con la educación afectivo sexual».

Los populares ya han tachado de «irresponsable» que se intente activar una reforma que consideran que no tiene consenso. Cs también ha pedido al Gobierno que eche el freno al cambio legal. Los naranjas ya solicitaron en abril, a través de una proposición no de ley, que no se abordara la modificación legal en plena pandemia y hasta que la crisis se solucione y, ahora, la fórmula que existe para forzar un parón es que la Mesa del Congreso apruebe una ampliación tras otra del plazo de presentación de enmiendas. Pero el Grupo Socialista no está dispuesto a que esto ocurra.

Mientras, la escuela concertada teme que las modificaciones que se introduzcan en el Congreso endurezcan aún más el proyecto de ley que en su día llevó Celaá a la Cámara Baja contra la contra la concertada y los derechos de los padres y titulares. «No creemos que sea el momento adecuado para tramitar una nueva reforma educativa. Tenemos bastantes problemas con el Covid como para dedicarnos a negociar y explicar los efectos de la nueva ley. La norma, además, no tiene consenso, supone un retroceso al esquema de la LOE y vulnera los derechos ligados a la libertad de enseñanza; no aporta nada nuevo ni positivo», asegura Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.