Manifiesto por la vacunación universal solidaria

Una iniciativa impulsada por líderes católicos de países de América y Europa ha desarrollado un manifiesto que demanda la vacunación universal solidaria contra la Covid-19. En el texto se plantean cuestiones relacionadas con el proceso de la administración de las vacunas, y se hacen una serie de peticiones, como el aumento de recursos al programa Covax (mecanismo de acceso global a las vacunas Covid-19 dirigido por la OMS), la distribución simultánea y coordinada de los sueros, la libertad de producción de los fármacos o la suspensión temporal de los derechos vinculados a las patentes.

Los firmantes, entre los que figuran destacadas personalidades internacionales (por parte de España se encuentra Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado), consideran que «la vacuna se convierte en un bien común mundial». El texto recalca que el impacto sanitario, económico y social de la pandemia de coronavirus es el más importante de nuestra historia contemporánea, y que la inmunización representa «la única medida que puede alcanzar resultados contundentes y sostenibles para revertir la situación actual».

Expertos en salud pública estiman que para conseguir la inmunidad de rebaño a nivel mundial será necesario vacunar de 3.200 a 4.100 millones de personas. Sin embargo, en este momento es muy notoria la brecha existente entre los países ricos y pobres en lo que respecta al proceso de vacunación. Así, «los países ricos, con un 15% de la población mundial, han contratado el 60% de la producción de la vacuna», y son 13 países productores de las vacunas y sus componentes «quienes han establecido límites explícitos y ocultos a las transacciones internacionales de las vacunas».

Por ese motivo, los tiempos de vacunación universal «son muy discrepantes entre países pobres y ricos (o productores y no productores), lo que trae consigo una consecuencia nefasta. El retraso en la inmunización global va a permitir el desarrollo de variantes del virus que no se pueden tratar con los tratamientos actuales, «por lo que el virus seguirá circulando y mutando y afectará a la salud de los ciudadanos ya vacunados».

Por ese motivo el Manifiesto solicita aumentar los recursos al programa Covax, ya que con los existentes actualmente «apenas se lograría vacunar a 500 de los 1.700 millones de habitantes de los países pobres y al 20% de los habitantes de los países de ingresos bajos y medios».

Asimismo, los firmantes declaran la necesidad de «una producción adecuada y sostenible de la vacuna en todo el mundo, a un precio justo y accesible». Y la «distribución simultánea y coordinada» de los sueros «para reducir, en el menor tiempo posible, la circulación del virus, evitando focos de resistencia y variantes del virus más mortales y resistentes al tratamiento».

Otra de las reivindicaciones más importantes del documento es que solicita la suspensión transitoria de los derechos vinculados a las patentes del fármaco: «No se trata de vulnerar las garantías de la propiedad intelectual, sino de reconocer que la lógica del lucro debe subordinarse a la protección del bien público general». En este sentido, subrayan que los costes de la investigación para el desarrollo de las vacunas ya han sido financiados con las ventas de los sueros a los países ricos.

Relacionado con lo anterior está la necesidad de que «los gobiernos promuevan y faciliten acuerdos entre las casas farmacéuticas y posibles fabricantes en los países de ingresos medios y bajos». Para ello es «fundamental» poner fin a las limitaciones a las exportaciones que han establecido los países que fabrican las vacunas o sus componentes.

El texto concluye solicitando que cada uno «tome la vacuna de la solidaridad», porque «los países más pobres y vulnerables no pueden esperar más». Los efectos de la exclusión, advierten, «no son solo sanitarios o económicos», sino también «la pérdida de autoestima y de esperanza, que son los traumas más difíciles de recuperar».