El Congreso aprueba la Ley de Cambio Climático

El Congreso ha aprobado por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética pendiente ya solo de su último tramite en el Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde, -22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.

La futura ley ha sido apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildu, Teruel Existe y Ezquerra Republicana; el Partido Popular y Más País se han abstenido y Vox ha sido la única formación que ha votado en contra.

La “falta de consenso, diálogo y de ambición climática de la futura ley”, referida por una gran mayoría de los partidos, ha planeado durante todo el debate, ante una norma que, podría entrar en vigor este abril, dada su tramitación urgente, y que ha contado con una gran cantidad de enmiendas, más de 750.

Objetivos más ambiciosos

La ley pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo, puesto que prevé que España alcance la neutralidad de emisiones “antes de 2050”, es decir, que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera sean compensadas con las que ecosistemas como bosques u océanos pueden absorber.

El Congreso eleva los objetivos climáticos nacionales a medio y largo plazo respecto del proyecto presentado por el Gobierno, fijados ahora en que para 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% con respecto a 1990, las renovables aporten al menos un 42% del consumo de energía final, el 74% de la electricidad se genere con renovables y la eficiencia energética mejore en al menos un 39,5%. Y para 2050, toda la electricidad proceda de fuentes renovables.

Movilidad y calidad del aire

En materia de movilidad, el texto mantiene 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2 (concretamente, con cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido), de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes. Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

La ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, esto es, áreas con restricción de la circulación de vehículos contaminantes y de impulso del transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico.

Una novedad surgida del Congreso es que esas localidades de más de 50.000 residentes establezcan criterios para mejora la calidad del aire “alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad”.

La norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 150 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico. Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

Como novedad aprobada en el Congreso, según pudo saber Servimedia, el Gobierno incorporará una nueva señal de tráfico para que los conductores conozcan dónde hay puntos de recarga para vehículos eléctricos en las carreteras.

Hidrocarburos y minería

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen (‘fracking’). Una de las novedades en la tramitación del Congreso es el veto a la minería radiactiva, tras la polémica por un proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca).

Otras se refieren a que el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, establecerá objetivos anuales de energías renovables y suministro de combustibles alternativos en el transporte, sobre todo biocombustibles avanzados y otros combustibles renovables no biológicos.

Además, las Administraciones públicas considerarán el cambio climático en la salud pública, el Estado podrá contratar servicios de comida en el que primen los alimentos frescos y de temporada, y que el despliegue de las energías renovables se haga “de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial”.

También se insertan en el texto otros aspectos, como que el Gobierno promoverá el transporte ferroviario de viajeros -así como el de mercancías por tren en distancias superiores a 300 kilómetros-, se creará un grupo de expertos sobre fiscalidad verde, que la madera utilizada en obras públicas proceda de bosques sostenibles y que el Gobierno reformará el sector eléctrico antes de 12 meses tras la entrada en vigor de la ley, con participación de los consumidores e inversiones de energías renovables variables y flexibles

Por último, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal, promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios y realizará campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre los impactos climáticos. Agencias