La justicia “olvida” a las mujeres y niñas discapacitadas víctimas de violencia de género

Del total de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España en el último año, el 10% tenía una discapacidad reconocida. Una cifra muy por debajo de la realidad, según manifiesta la Fundación CERMI Mujeres (FCM), dado que, por una parte, muchas de las que la sufren no tienen reconocida su condición y, por otra, la mayoría no lo denuncian por la dificultad que tienen para comprender el procedimiento por el cual pueden hacerlo.

“El formalismo excesivo en los procesos, acompañado de un lenguaje diferente y específico que resulta lejano y desconocido para la mayoría de la ciudadanía, colaboran a alejar los procedimientos legales del entendimiento del común de las mujeres con discapacidad, y más aún de aquellas que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial”, asegura Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy, FCM denuncia la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en España víctimas de la violencia machista o “en serio riesgo de sufrirla”, así como el desamparo del sistema judicial, que “deja fuera precisamente a quienes se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia”.

Además, la violencia de género desemboca muchas veces en discapacidad, y no hay ningún registro sobre cuántas mujeres están en esta situación en España actualmente. Caballero pone un ejemplo. “La menor violada en Igualada ha quedado sorda de un oído. ¿Dónde se va a registrar que su discapacidad fue provocada por la agresión sexual? En ningún sitio, porque no existe. No hay manera de registrar cuántas mujeres tienen discapacidad a raíz de sufrir violencia machista y cuantos niños y niñas nacen con alguna discapacidad por haberla sufrido su madre en el embarazo”.

La justicia les dá la espalda

Tal y como señalan, en el contexto de la pandemia, las políticas de emergencia llevadas a cabo contra la violencia hacia las mujeres “han olvidado una vez más” a las mujeres con discapacidad en términos de acceso a la justicia, un principio básico del Estado de derecho e instrumento “esencial” para ejercer de manera efectiva los derechos humanos, así como resarcir y reconocer a las víctimas y hacer frente a la discriminación y la violencia”. “Las mujeres con discapacidad seguimos enfrentándonos a un sistema judicial patriarcal y capacitista, con inercias que impiden romper paradigmas excluyentes que se aplican en los razonamientos de las resoluciones judiciales y quedan plasmados en los procedimientos formales, claramente inaccesibles y que no contemplan los ajustes razonables exigibles legalmente”, explican desde la FCM.

En concreto, la entidad se refiere no solo a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad en materia de accesibilidad o a la falta de ajustes de procedimientos o inaccesibilidad a la asistencia letrada, sino también a “las barreras mentales que jueces, fiscales, especialistas en derecho y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que se animan a denunciar la violación de sus derechos ante la justicia”.

Sentencia favorable

En mayo de este año, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a un hombre por un delito continuado de abusos sexuales sobre su hija con discapacidad menor de edad, mediando agravantes de parentesco, edad de la víctima y de especial situación de vulnerabilidad.

Lo relevante de esta decisión judicial, según CERMI Mujeres es que “se basó en unos dibujos realizados por la niña a su pedagoga- con quien mantiene un vínculo muy estrecho,-en los que se mostraban claramente las agresiones sexuales a las que era sometida”.

Para la Audiencia provincial, los dibujos de la niña resultaron “determinantes”, siendo la participación de la pedagoga clave a la hora de constituir prueba, al presentar un detallado informe, que incluye, además, una grabación de la menor en la que declara la identidad de los muñecos dibujados y explica la naturaleza sexual de las acciones representadas.

“A las dificultades probatorias existentes en los delitos contra la indemnidad sexual de las y los menores de edad, hay que sumar los problemas para recoger el testimonio cuando presentan algún tipo de discapacidad, pero, tal y como explica Caballero “ni la edad de la víctima, ni las posibles dificultades de cualquier índole derivadas de la discapacidad a la hora de narrar lo sucedido, pueden convertirse en una excusa para erosionar el canon de suficiencia incriminatoria”.

Turno de oficio especializado

En esta misma línea, otro de los reclamos de la FCM pasa por la puesta en marcha de acciones de formación a todos los actores judiciales “para eliminar barreras simbólicas, prejuicios e ideas preconcebidas en torno a las mujeres con discapacidad”. También piden que los turnos de oficio especializados en protección jurídica de las personas con discapacidad, así como los especializados en violencia de género tengan en cuenta las violencias múltiples o interseccionales a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad.