Nueva red de alertas tras el fiasco de la pandemia

El Gobierno ha arrancado los trabajos para que España disponga, al fin, de una red efectiva de vigilancia en salud pública. Lo hace tras 25 meses de pandemia que arrojan hasta el momento un balance de cerca de 105.000 muertos oficiales, y después de constatar el fracaso del modelo epidemiológico vigente, incapaz de detectar con suficiente antelación las amenazas, reaccionar con rapidez para hacerles frente y ofrecer una respuesta coordinada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

«Durante la pandemia se han hecho patentes las debilidades y deficiencias estructurales de la Vigilancia en Salud Pública y se ha puesto de manifiesto la necesidad de su transformación urgente para responder adecuadamente a riesgos presentes y futuros para la salud». Así lo reconocen las propias autoridades sanitarias en la estrategia realizada para operar este cambio que fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El documento, de 56 páginas, dibuja el embrión de lo que tendrá que ser ese nuevo modelo de vigilancia, tras exponer las deficiencias del existente en la actualidad. España, por ejemplo, adolece de recursos humanos suficientes para abordar los nuevos riesgos en salud. En concreto, el número de profesionales dedicados a esta tarea a nivel autonómico es de una media de 1,2 por cada 100.000 habitantes. «De forma puntual, como refuerzo de la pandemia, se ha incrementado a 3,8 profesionales por 100.000 habitantes». La Asociación Americana de Escuelas y Programas de Salud Pública fijó en cambio como proporción óptima 250 profesionales por cada 100.000 habitantes.

El modelo vigente también desaprovecha fuentes fiables de información que se han revelado importantes durante esta crisis de salud pública, como las redes sociales, que anticiparon la llegada de nuevas olas, o la inteligencia artificial, capaz de explotar los datos obtenidos de forma integrada. Por otro lado, la descoordinación entre territorios ha sido palpable.

La futura red que el Gobierno trata de activar busca integrar los sistemas de vigilancia existentes en España «con sistemas de información interoperables para generar la información correcta sobre el nivel de salud y su determinantes, que dé soporte a la toma de decisiones». «La Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública desarrollará de forma oportuna y transparente las funciones de recogida, análisis, interpretación y difusión de la información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, así como con los riesgos para la salud pública. De este modo, generará conocimiento para la toma de decisiones, fundamentará y facilitará la evaluación de las actuaciones de salud pública y contribuirá en las políticas e intervenciones con impacto en salud, teniendo como objetivo último la mejora de la salud y el bienestar poblacional y la reducción de las inequidades en salud».

La estrategia propone dotar además de amparo legal a la futura red, establecer estándares de calidad, fijar un conjunto básico de indicadores a obtener, definir los sistemas y fuentes de información necesarios para llevar a cabo la vigilancia, y someterla a evaluación continua. También quiere el Gobierno «impulsar que, a cualquier nivel, la toma de decisiones esté ligada a los resultados en vigilancia en salud pública, generando información útil, atractiva y accesible y que esté a disposición de quienes necesiten conocerla en el momento adecuado». Sale así al paso de la lluvia de críticas recibida desde diferentes ámbitos que atribuyen muchas de las decisiones tomadas durante la pandemia a criterios políticos y no técnicos.

Otro de los puntos de mejora se encuentra en los sistemas de información. «La situación actual de desarrollo tecnológico en vigilancia en salud pública en las diferentes administraciones ha demostrado ser muy desigual y poco armónica. La constante evolución tecnológica y la gran cantidad de datos que se generan en la actualidad desde multitud de fuentes hacen necesario un cambio de modelo en nuestros sistemas de trabajo. Las necesidades actuales incluyen, por citar algunas, la automatización de la ingesta de datos», subraya el texto.

El cronograma

Para llevar a cabo todas las tareas Sanidad cree que hará falta una estructura «con dotación suficiente», sin citar cantidad alguna. Esta estructura será estatal –dependerá de este Ministerio– y también autonómica, y ambas estarán coordinadas. El plazo que se fija para ello en el cronograma es de un año. El sistema para su evaluación tendría que estar definido en el plazo de dos años. El cronograma que figura en la estrategia incluye acciones que tendrán que desarrollarse en un plazo de entre uno y cinco años. Entre las primeras, además de las ya mencionadas, figura la actualización del marco legal que dé forma a la red. Para limar las diferencias de información entre las autonomías el Gobierno fija un plazo de entre uno y dos años. Para impulsar que «a cualquier nivel, la toma de decisiones esté ligada a los resultados de la vigilancia en salud pública» el tiempo estipulado oscila entre los 2 y los 5 años.

Para «facilitar que los resultados de la vigilancia se comuniquen de forma efectiva y lleguen al público objetivo que debe incluir a notificadores, profesionales, responsables de políticas, entidades de la sociedad civil organizada y ciudadanía» se marca un plazo de entre 2 y 5 años de duración.

Sistemas de hace 20 años

Las deficiencias en materia de vigilancia de salud pública han quedado patentes durante la pandemia. La estrategia de Sanidad cita una encuesta en la que se refleja que los sistemas de las regiones se refieren fundamentalmente al ámbito de las enfermedades infecciosas y más de la mitad tienen entre 11 y 20 años de antigüedad. El 58,3% tiene un desarrollo y mantenimiento propios, mientras que el 30,1% tiene un desarrollo y mantenimiento externos. Según los datos recabados por Sanidad, el 60% de los sistemas autonómicos tiene posibilidad de añadir problemas de salud, y el 78,3% tiene posibilidad de añadir variantes. Por su parte, el 80,6% tiene posibilidad de gestionar tablas y catálogos, y más de la mitad, el 53,4%, utiliza estándares de codificación. La nueva estrategia aboga por modernizarlos y cohesionarlos ante nuevas crisis.