Las mutuas curan a los enfermos de traumatología 30 días antes que la pública

Las listas de espera amenazan con desencadenar un tsunami para la salud de los pacientes atrapados en ellas, y también para las arcas públicas y las empresas. Como adelantó LA RAZÓN, a finales del pasado año el número de enfermos pendientes de pasar por el quirófano se elevó en España hasta los 706.740, según los datos del Ministerio de Sanidad. Se trata de una cifra récord, nunca antes registrada en las estadísticas oficiales. Por su parte, el tiempo medio para pasar por el quirófano en el conjunto del país y las principales especialidades médicas alcanzó los 123 días, dos más que a mediados de 2021.

Sin embargo, esta no es más que una mínima parte del «via crucis» que tienen que sufrir los afectados, ya que las demoras empiezan ya en atención primaria y, sobre todo, en el acceso a la consulta de los especialistas, que son los que prescriben la operación. Para llegar hasta ellos, cada enfermo ha de guardar una media de 89 días.

Traumatología es la especialidad médica que registra un mayor número de pacientes en espera para una operación, al contabilizarse 177.239, con un tiempo medio de espera medio de 149 días, aunque algunas autonomías pulverizan esa cifra. Es el caso de Aragón, en donde la demora media de cirugía en traumatología se dispara hasta los 246 días, o Canarias, en donde alcanza los 200 días. Un 28,7% de los enfermos se ven obligados además a aguardar más de seis meses para ser intervenidos quirúrgicamente, de acuerdo con los datos del Ministerio.

El impacto de estas demoras no sólo a efectos de salud, sino también de bajas laborales, resulta demoledor. Según las cifras en poder de la asociación que representa a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España (AMAT), en el colectivo de trabajadores cubiertos por ellas se produjeron el pasado año en nuestro país 1.017.695 bajas por enfermedad o accidente no laboral por patología traumatológica. Se da la circunstancia de que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son expertas en la curación y rehabilitación de los trabajadores que sufren estos procesos, al ser muy frecuentes en los accidentes laborales. De hecho, cuentan para ello con una red de clínicas especializadas en el tratamiento y la rehabilitación de los afectados.

Sin embargo, las mutuas que colaboran en la gestión de prestaciones públicas de Seguridad Social no pueden intervenir para prestar asistencia sanitaria y recuperar la salud de los trabajadores lo antes posible.

Según los datos de AMAT, en patologías traumatológicas la duración media de los procesos de contingencia profesional gestionados por estas entidades se eleva a 41,01 días. Sin embargo, cuando estos procesos son una contingencia común y son tratados en un hospital perteneciente al Sistema Nacional de Salud (SNS), su duración alcanza los 70,95 días, es decir, un 42% más de duración. ¿Cuál es el motivo? Todo apunta a la existencia de esas listas de espera que se sitúan en niveles récord.

Si fuera tratado en las mutuas, un trabajador con una contingencia común diagnosticada como traumatológica se recuperaría de media con 30 días de antelación, lo que, además de acortar esas listas de espera de la Sanidad pública, supondría un gigantesco ahorro de dinero tanto para la Seguridad Social como para las propias empresas.

Se estima que dicho ahorro podría alcanzar los 2.600 millones de euros, en cifras de 2021. Los datos ponen de manifiesto que con el actual modelo se produce un grave perjuicio para la salud de los ciudadanos, para la competitividad empresarial y para la Seguridad Social. Según fuentes empresariales, «las mutuas, que como bien indica su denominación, colaboran con la Seguridad Social, deberían poder prestar asistencia sanitaria completa a sus trabajadores protegidos por este tipo de contingencias, así como contar con la posibilidad de emitir altas médicas, al menos, en patologías traumatológicas. De esta forma, se adelantaría la asistencia sanitaria y se mejoraría la salud de más de un millón de trabajadores en la mitad de tiempo, liberando de esta manera huecos para las listas de espera en los servicios públicos de salud en favor del resto de los ciudadanos que requieran asistencia sanitaria, y ahorrando importantes gastos innecesarios para las empresas y para la Seguridad Social».

Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la población protegida se incrementó un 2,21% a finales de 2021 con respecto a 2020, superándose también de forma leve la población existente en ejercicios precios a la pandemia de Covid-19. A finales de 2021 era de 20,619 millones de trabajadores. Estos datos revelan también que el número de procesos de incapacidad temporal por contingencia común fue un 13,99% superior en 2021 con respecto a 2020, alcanzando los 5,4 millones.

Dicha subida ha representado un coste récord para la Seguridad Social de 9.600 millones. A estos costes hay que sumar además aquellos en los que incurren las empresas, y que ascienden a casi 9.100 millones y se refieren a la prestación económica que han de sufragar, además de los complementos, cotizaciones y mejoras que tienen que asumir. La suma es de 18.700 millones, el equivalente a casi dos nóminas de pensiones.

Lejos de atenuarse, la tendencia en los primeros meses de 2022 es aún peor. Fuentes del sector apuntan que las bajas por incapacidad temporal se dispararon aún más en el primer trimestre de este año, coincidiendo con la sexta ola de la pandemia de Covid-19.