Pandemia

El “fiasco” de Radar Covid que ha costado más de 4 millones de euros

La herramienta no ha conseguido identificar ni el 1% de los contagios notificados

Un usuario descargando la aplicación móvil Radar COVID
Un usuario descargando la aplicación móvil Radar COVIDCATI CLADERAAgencia EFE

El Gobierno echó el cierre a Radar Covid definitivamente el pasado jueves, tras dos años de inoperancia. “La aplicación ha finalizado su actividad tras una larga trayectoria gestionando los contactos positivos en covid en España”, señalaba el Ejecutivo en Twitter como única explicación. Larga e infructífera, dado que la herramienta, que se perfilaba como una solución para tener un mayor y mejor control de los casos positivos de covid, no ha conseguido identificar ni el 1% de los contagios (124.555 casos de los 13.441.941 notificados hasta la fecha). Además, solo el 21% de la población (8.600.858 millones de personas) se la ha descargado en estos 28 meses (se lanzó el tres de agosto de 2020).

Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Galicia y el País Vasco fueron las comunidades autónomas que mayor uso hicieron de la aplicación. En la otra cara de la moneda se encontraban Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura y Canarias, que ni siquiera llegaron a usarla.

Radar COVID
Radar COVIDAntonio Cruz

El presupuesto total que destinó el Gobierno a Radar Covid fue de 4,2 millones. La empresa a la que se adjudicó el contrato fue Indra, con una cantidad inicial de 330.537 euros para su puesta en marcha y otra partida de 1,7 millones para su mantenimiento, soporte y evolución. El resto de las cifras se corresponden a la inversión que hizo el Ejecutivo para conseguir visibilidad y publicidad. Concretamente, destinaron 2,1 millones y otros 28.459 euros para elaborar materiales en la creatividad de la campaña.

La tecnología Radar Covid funcionaba a través de Bluetooth con capacidad para detectar los contactos estrechos de casos confirmados. Todo ello se conseguía a través del registro de todos los dispositivos que se encontraban a menos de dos metros durante al menos quince minutos. Cuando una persona resultaba positiva, se proporciona un código que introducía en su aplicación móvil y automáticamente enviaba una alerta a todos los dispositivos que la aplicación había clasificado como posibles contactos estrechos.

Factores del fracaso

El fracaso de la app es algo la crónica de una muerte anunciada, por diversos factores. Para José Ramón Ubierto, psicólogo clínico, psicoanalista y profesor de Psicología de la Universidad Oberta de Cataluña (OUC), podríamos hablar de cuatro causas clave. “La primera de ellas es que la sociedad española llegó pronto una situación de hartazgo por las restricciones y los controles de los meses de confinamiento. Julio fue el primer mes de desescalada real y, en agosto, cuando esta herramienta se puso en marcha, la población ya no estaba dispuesta a seguir aceptando normas, aunque no fueran obligatorias”, destaca. En su opinión, hay que entender también que Radar COVID no tenía un efecto tangible y visible sobre la salud de las personas, se supone que era algo que se hacía por el “bien común”. “Todo el mundo aceptó de buen grado las vacunas, aunque ya hubiera un importante nivel de fatiga pandémica, pero porque estas tenían un efecto directo sobre tu vida y tu salud”.

Por otro lado, cita la desconfianza que genera en la gente una aplicación que controla datos de salud, que son muy sensibles y exigen un nivel de privacidad elevado. “La gente no va diciendo por ahí que tiene un glaucoma o un cáncer, así que no se fiaban de ir poniendo en una app que tenían covid”, apunta el experto. Una desconfianza que iba más allá del uso que pudiera hacer el Estado de estos datos, y se centraba sobre todo en el que pudieran hacer las compañías tecnológicas y los hackers. “Un ejemplo claro es la desconfianza que genera el uso de los dispositivos de pago electrónicos, porque se sabe que son un escenario de ciberdelitos. De hecho, estadísticamente, es más fácil que te roben por internet que te roben por la calle”.

En tercer lugar, Ubierto destaca el hándicap de la delación. “A nadie le agrada ir por ahí delatando a los contagiados. Esto se ha visto de un modo muy claro en países con trasfondo católico, donde la delación está éticamente mal vista. No así en Asia, por ejemplo, donde se ha ido más allá de lo que en Occidente consideramos como derechos de privacidad en todo lo relacionado con la pandemia y su control”.

Por último, el experto señala que, pese a que el Gobierno exponía en su argumentario sobre Radar COVID que “la aplicación cumplirá con dos premisas básicas (…): será totalmente accesible para todos, también para las personas con cualquier tipo de discapacidad, y será de código abierto para que esté a disposición de quien quiera utilizarla”, “estas aplicaciones requieren una proactividad (mínimo instalarte la app, y actualizarla). A veces sobrevaloramos las capacidades de interconectividad de la gente, porque hay un porcentaje no desdeñable de población que no es capaz de hacerlo”.

De hecho, desde distintos ámbitos se ha señala que el problema principal de la aplicación ha radicado siempre en lo complicado que era registrar un código que nos marcaba como positivos. O bien era complicado obtener este código por parte de las entidades sanitarias o directamente ocurría algún error al hacerlo. Luego había mucha gente olvidaba registrarlo. Así, tan solo 8 de cada 100 códigos positivos se acababan introduciendo en la herramienta.