Sin nuevas olas en España después de 118.434 muertes

Si algo hemos aprendido a fuerza de golpes durante los tres años de pandemia en España es que con la Covid-19 no se juega. Desde que la OMS declarara el SARS-CoV-2 emergencia sanitaria a nivel internacional el 30 de enero de 2020 y que se registrara el primer caso en nuestro país, el de un turista alemán en la isla canaria de La Gomera tan solo un día más tarde, la covid ha mostrado una increíble capacidad para desconcertar no solo al ciudadano de a pie, sino también, y lo que es peor, al ejército de científicos y expertos que se enfrentan a ella.

Y si no, que se lo digan a Fernando Simón, al que perseguirá para siempre su tremendo patinazo (que no el único) en la rueda de prensa en la que se encargó de anunciar ese primer contagio en España, en la que un entonces casi desconocido director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) llegó decir que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Y eso cuando China en aquel momento iba ya por los 2.500 muertos y los 77.000 contagios.

Lo cierto es que poco se podía imaginar entonces que ese nuevo virus desconocido que era «como una gripe» iba a causar en nuestro país casi 14 millones de contagios (en concreto 13.731.478, según el último informe del ministerio de Sanidad) y 118.434 fallecidos, y que iba a poner al límite el sistema sanitario español y a sus profesionales como nunca antes se había visto a lo largo de su historia.

La primera ola fue la que más víctimas dejó a su paso, ya que de febrero a mayo de 2020 perdieron la vida más de 45.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para tratar de contener el número de víctimas y «aplanar la curva» de contagios el Gobierno decretó el primer Estado de Alarma, que se prorrogó desde el 15 de marzo al 21 de junio, y que en total duró 98 días. El confinamiento estricto tuvo buenos resultados, y la bajada de la curva fue acompañada de una relajación de las medidas, que fue demasiado rápida de cara al verano, y dio esas primeras señales de que la covid no era de fiar.

Así, empezó un nueva ola, la segunda, asociada a un brote causado por trabajadores temporeros. Por este motivo, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que decretar otro estado de alarma, el segundo, que esta vez duró la friolera de 196 días (del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021), y que supuso un galimatías legal porque cada comunidad adoptó las medidas que juzgó convenientes contra el virus, lo que dio lugar a un amplio abanico de restricciones que cambiaban incluso de una provincia a otra vecina.

Pero sin duda una de las dinámicas más complicadas que se ha repetido a lo largo de la pandemia ha sido la de tener que enfrentarse a nuevos rebrotes cuando se creía que la situación estaba más o menos controlada. El comienzo de la campaña de vacunación en diciembre de 2020 dio un respiro importante, aunque la batalla estaba muy lejos de vencerse. La llegada de la variante Ómicron, que se originó en Suráfrica, se convirtió en un auténtico maremoto que amenazó de nuevo con tragarse todo a su paso.

Tras casi un año de vacunación en nuestro país, en noviembre de 2021 se detectó el primer caso, un hombre que regresó a España tras viajar al país africano. Las consecuencias fueron de nuevo dramáticas: se registraron cifras récord de contagios de toda la pandemia, que llegó a alcanzar los 50.000 en una jornada, y se alcanzaron los 500 fallecidos al día en la primera quincena de febrero. En total, esa tercera ola se cobró la vida de más de 25.000 personas, y la ocupación de las UCI volvió a subir al 16%.

No obstante, debido a la alta cobertura vacunal de los ciudadanos el Gobierno optó por la estrategia de la «gripalizacion» de la pandemia. La Comisión de Salud Pública aprobó la nueva «Estrategia de Vigilancia y Control frente a la Covid-19», que entró en vigor el 28 de marzo de 2022. La vigilancia y el control del coronavirus pasó a asimilarse a los de la gripe y otras infecciones respiratorias estacionales. Los aislamientos y los test dejaron de ser obligatorios, y a partir de entonces solo se registran los casos entre la población considerada vulnerable, las personas mayores de 60 años, lo que ha hecho muy difícil (por no decir imposible) el seguimiento de la situación real de los contagios. A partir del 20 de abril la mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores, con la excepción de centros y establecimientos sanitarios, residencias de ancianos y transporte público.

Mientras tanto, la inmunización de la población ha ido aumentando, gracias tanto a la vacunación como a la inmunidad natural conseguida tras los contagios. Ahora mismo, el 92,6% población mayor de 12 años (lo que supone un total de 39.206.094 ciudadanos) ha recibido la pauta completa. Además, entre la población vulnerable de más de 60 años el 91,1% ha recibido una dosis de refuerzo, aunque solo el 58,2% se ha puesto la segunda, adaptada a la variante Ómicron. Esto ha hecho posible que, a día de hoy, la séptima ola no se haya producido, y se ha quedado convertida en una leve marejada. Veremos qué nos depara el futuro, ya que con la covid, como con el mar, no se juega.