El fin de la guerra de las reválidas

Educación acuerda con las autonomías suspender los efectos académicos de las reválidas, excepto la de Bachillerato, que será similar a la selectividad. El PSOE habla de «éxito sin precedentes»: es el principio del pacto.

Nunca hasta ayer el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se había encontrado a las comunidades autónomas tan sumisas en torno a las reválidas. Las mismas que antes del verano decidieron «declararse en rebeldía» y no hacer la reválida de 6º de Primaria o hacer su particular prueba al margen de la Lomce, e incluso recurrieron las pruebas ante los tribunales, ayer hablaban de «éxito sin precedentes» por el acuerdo alcanzado con Méndez de Vigo después de que el ministro presentase en la sectorial de educación una nueva versión de las reválidas que las deja sin efectos académicos, salvo la de Bachillerato, que será un calco de la PAU o selectividad.

Con los cambios introducidos por Educación, no sólo la reválida de la ESO será muestral, es decir, que se realizará en los centros educativos que decidan las comunidades autónomas y, por tanto, carecerá de valor académico, sino que también lo será lade Primaria. Su valor será únicamente diagnóstico. El proyecto de real decreto, aprobado ayer por un amplio consenso de las comunidades autónomas que recoge todos estos cambios, también deja en manos de las universidades la reválida de Bachillerato, como venía ocurriendo hasta ahora. De hecho, en los últimos meses, las comunidades autónomas han venido celebrando reuniones con sus universidades para ultimar cómo debían ser sus respectivas pruebas. Ayer, el ministro de Educación reiteró a los consejeros que la prueba tendrá la misma estructura que la PAU.

Así, los alumnos tendrán que examinarse de seis materias troncales de segundo y no de las de los dos cursos de la etapa, como estaba previsto en un principio. La diferencia con respecto a la antigua Selectividad es que los contenidos se adaptan al currículo de la Lomce. Otra novedad es que el Ministerio de Educación quiere que los estudiantes de toda España accedan a la universidad en condiciones parecidas y nivel de exigencia. Es por esto por lo que el proyecto de orden ministerial que se presentó ayer a las comunidades autónomas prevé que el Estado decida el 70 por ciento de los contenidos esenciales sobre los que se debe examinar a todos los alumnos españoles. Ahora bien, deja en manos de las comunidades la elaboración de las preguntas y las fechas de examen.

Educación también ha tenido en cuenta otra reivindicación de las comunidades socialistas y es que haya un título único de la ESO, tanto para quienes aprueben los cuatro cursos de esta etapa como para quienes hayan cursado FP Básica y sus profesores consideren que están en condiciones de solicitarlo.

De ahí que el consejero de educación asturiano, Genaro Alonso, (PSOE), saliera de la reunión «satisfecho» y que la beligerante consejera andaluza, Adelaida De la Calle, entrara y saliera «contentísima».

Poco después, el responsable de la Sectorial de Educación y portavoz de Educación socialista en el Senado, Francisco Menacho, celebraba el «fin definitivo de las reválidas en el sistema educativo español», lo que hasta ahora se presuponía la columna vertebral de la Lomce. «El camino de la derogación de la LOMCE ya ha comenzado y se abre el de un pacto social y político por la educación construido desde el diálogo».

Fin de recursos

La paz quedó firmada prácticamente ayer con las comunidades «rebeldes» después de que el ministro de Educación se haya comprometido a retirar los recursos contra varias comunidades autónomas por la aplicación «singular» de la evaluación final de Primaria el curso pasado por considerar que vulneraron la Lomce. Asimismo, dijo que varios consejeros autonómicos le asegurado que «harán lo propio» con los recursos presentados por sus gobiernos contra las reválidas. Así lo anunció Méndez de Vigo en rueda de prensa nada más acabar la sectorial, informa Ep. «Eliminar la tensión era el buen camino», sentenció el titular de Educación.

A vueltas con el modelo lingüístico

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, también está dispuesto a analizar la disposición 38 de la Lomce relativa al uso del castellano, que obliga a la Generalitat catalana a garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular en la red pública o concertada para aquellas familias que lo soliciten o, de lo contrario, financiar la matrícula en un centro privado con 6.000 euros. Méndez de Vigo manifestó tras la Conferencia Sectorial de Educación que se celebró en Madrid, en la que se presentó el nuevo decreto-ley sobre las reválidas, que «se podría estudiar» este tema en la subcomisión que buscará un acuerdo para alcanzar un educativo y que se creará este jueves en el Congreso, informa Servimedia. La consejera catalana, Meritxell Ruiz, reclamó en el encuentro la suspensión de la disposición porque «atenta contra el modelo lingüístico y el sistema educativo catalán».