Balance de 28 años de la despenalización

Hace 28 años se llevó a cabo en España la primera despenalización del aborto de nuestra etapa democrática. En 1985, el Tribunal Constitucional le dio vía libre. Aquella primera ley contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos muy concretos: grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, malformación del feto o violación.

Los datos de los barómetros del CIS de 1979 y 1981 mostraban un rechazo generalizado y mayoritario a la despenalización del aborto en España, y es a partir de la llegada al poder en 1982 de Felipe González cuando se busca una ley de mínimos que pudiera contar con un respaldo mayoritario, de ahí el porqué se limitó a tres supuestos muy concretos. De otro modo, no hubiera alcanzado el respaldo social buscado. Las encuestas de 1983 y 1985 respaldaron la decisión del Gobierno de la despenalización limitada.

En 2008, a los 23 años de la entrada en vigor de la ley, el CIS consultó de nuevo a los españoles, y se pormenorizó en qué medida se aceptaba la despenalización del aborto introducida en 1985: tan sólo el 22,8% de la ciudadanía era partidaria del aborto libre mientras que el 25,8% rechazaba cualquier interrupción voluntaria del embarazo. En medio de estas dos posturas antagónicas, el 48,2% aprobaba la despenalización con reservas o en casos concretos.

A pesar de la opinión de los ciudadanos, 2010 vio nacer una nueva ley que terminaba con la de 1985, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta nueva norma establecía el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, e incluso contemplaba más plazo en otros supuestos, como el riesgo para la salud de la madre o malformación del feto.

Desde la aprobación en 2010 de la ley de plazos, los defensores del derecho al aborto, desde los que postulan el aborto libre hasta los que lo aceptan con reservas o en casos muy concretos, se muestran divididos, practicamente en dos mitades: una de ellas agrupa a los defensores de la ley de plazos, mientras que la otra mitad prefiere una ley de supuestos. La reforma de esta ley que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, contempla la sustitución de los plazos por casos concretos, lo que acarrearía el final del periodo en que la madre decide libremente, y establecería de nuevo un sistema de supuestos.