Castor: paralización indefinida hasta que no se avale su seguridad

Otros 17 temblores se produjeron hasta las 15:00 horas de ayer en las Tierras del Ebro. Dos de ellos de 3,9 y 4,1 en la escala Richter. Nadie duda ya de que la causa reside en el almacén de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinaroz (Castellón), a 22 kilómetros de la costa. El ministro de Industria, José Manuel Soria, apuntó ayer que existe una «probabilidad muy alta» de esta relación causa-efecto. Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN), encargado de elaborar un informe al respecto, aseguran que se trata de una evidencia. Sin embargo, hay dos preguntas más para las que los geólogos buscan respuestas: ¿por qué siguen produciéndose terremotos pese a que la planta dejó de funcionar por orden ministerial hace más de una semana?; y, sobre todo, ¿por qué se están registrando tantos? Desde mediados de septiembre se han producido más de 300 temblores, el más intenso de 4,2 grados. Con todo, no hay llamada a la alerta: los expertos consideran que, por el perfil de la zona, los movimientos no vayan a más.

Ahora, las responsabilidades se centran en la actuación del anterior Gobierno socialista, a quien competió la concesión de la licencia. El proyecto, cuya gestión corresponde a la empresa Escal UGS, fue presentado en 2007 a Joan Clos y Cristina Narbona, entonces ministros de Industria y Medio Ambiente, respectivamente. Las primeras concesiones y licencias –entre 2008 y 2010– contaron con el visto bueno de Miguel Sebastián y Elena Espinosa, entonces titulares de Industria y Medio Ambiente. Y así, el 16 de mayo de 2010 se plasmó en el Real Decreto 855/2008 la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural. Previamente, en 2009, la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló la declaración de impacto ambiental del proyecto. Como explicó el pasado miércoles el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, dicha declaración «no tuvo ningún condicionamiento» por la actividad sísmica.

Estudio de magnitud

Lo cierto es que en la declaración, en el apartado de las consultas, se hacen dos referencias a la sismicidad. Por un lado, se afirma que «los particulares colindantes a la zona de actuación alegan inseguridad por peligro de explosión y terremotos», aparte de otros problemas. También se explica que «el Observatorio del Ebro considera que se debe estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica», incluyendo «pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas». Con todo, no consta que dicho estudio fuera realizado. La empresa reconoce que sus operaciones podían producir microseísmos, aunque no tan altos. De ahí la colocación de dos sismógrafos ultrasensibles en el Observatorio del Ebro. Para llegar al fondo del asunto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, aseguró que se está estudiando la tramitación administrativa que en aquel momento dio pie al permiso para el almacén.

Por otra parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, explicó ayer que el Ejecutivo catalán recomendó al Gobierno realizar un informe sísmico sobre las consecuencias que tendría la actividad del proyecto Castor, aunque durante el periodo de alegaciones se desatendió esta petición. Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinero, anunció que la corporación provincial emprenderá acciones legales «contra los ex ministros socialistas» responsables de la tramitación y adjudicación.

Desde el departamento que dirige José Manuel Soria aseguran que la actividad del almacén, ahora mismo en periodo de pruebas, no se reanudará hasta que los técnicos «no garanticen que no se van a producir» nuevos temblores. Del mismo modo, confirmaron que los técnicos de Industria que inspeccionaron la zona de Vinaroz y certificaron que la planta se encontraba en el cese de su actividad.