Las ex monjas de Belorado: del convento a los tribunales

Cuando se cumple justo un año del cisma provocado por un grupo de monjas en el convento burgalés de Belorado que decidieron romper con la Iglesia católica, este miércoles se dio un nuevo giro de guion a una trama más que pintoresca entre lingotes de oro, falsos obispos y curas, un criadero ilegal de perros, un restaurante regentado por ex monjas de clausura… un relato de ciencia ficción si no fuera porque detrás de las diferencias doctrinales se entrelazó una sospechosa compraventa inmobiliaria.

Lo cierto es que el caso Belorado ha acabado en los tribunales para demostrar, por un lado, quién es el legítimo propietario de los tres monasterios ligados a la comunidad. Y, por otro, para dilucidar si las inquilinas del convento deben o no abandonarlo después de dejar de ser católicas y, por tanto, monjas.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, designado comisario pontificio para gestionar las cuentas y los pagos ordinarios del monasterio, defendió que ha ejercido su responsabilidad «desde el cargo que le ha encomendado la Santa Sede». Así lo expuso en los juzgados de Briviesca, donde declaró en calidad de investigado ante la denuncia de las exmonjas cismáticas por delitos de coacciones, administración desleal y revelación de secretos. Iceta subrayó que no tienen nada de qué defenderse, puesto que ha actuado acorde a la ley, en tanto que la Iglesia católica es la propietaria de los inmuebles y las ex clarisas eran tan solo administradoras, que perdieron esta potestad toda vez que renegaron de su condición como católicas. De hecho, su papel como comisario ha sido «reconocido tanto por el Ministerio de Justicia como por el del Interior».

Incluso recordó que en marzo la Fiscalía estableció que no «había ningún ilícito penal» en los hechos que se le imputan, y se acercó a Briviesca a mostrar «la falsedad de estos hechos». A la par, denunció que las mujeres lideradas por la ex abadesa sor Isabel de la Trinidad están «intentando transformar una entidad canónica en una entidad civil».

Por su parte, ex monjas cismáticas de Belorado mantuvieron ante el tribunal que a lo largo de este año han sufrido un perjuicio «fuerte y prolongado» por culpa del arzobispo de Burgos. Además, creen que lo ocurrido es una «intromisión» en su vida de una manera «atropellada y tan impuesta desde fuera».

En paralelo, han solicitado la recusación de la jueza que lleva el caso en relación a la demanda de desahucio que pesa sobre ellas, cuya vista oral está prevista para el 13 de mayo, al entender cuestionada su imparcialidad.

Como respuesta a esta paso dado por las religiosas excomulgadas, el arzobispo de Burgos insistó en rueda de prensa en que están dispuestos a llegar hasta el final con el desahucio.

Mario Iceta indicó que, con el restaurante en la localidad asturiana de Arriondas que han abierto y el criadero de perros que han montado allí, demuestran que «tienen cómo ganarse la vida». En esta misma línea, el comisario pontificio que designó el Papa Francisco subrayó que, aunque «el tema de los inmuebles es algo secundario», defiende a la religiosa que tuvo que marcharse nada más imponerse el cisma, sor Amparo, y a las monjas mayores, que llevan 80 años en Belorado, para que «mueran católicas».

Para Iceta, el proceso se va a alargar en el tiempo «lo que ellas quieran», en referencia a las cismáticas, ya que asegura que la Iglesia tiene «paciencia infinita», y que van a mantener sus acciones «hasta que se reestablezca la verdad y la justicia».

«Mi casa es Belorado y no me dejan hablar con las hermanas mayores»

Se negó desde un primer momento a participar del cisma promovido por la ex abadesa de Belorado y se vio de un día para otro expulsada de su convento. Durante un año ha guardado silencio, pero ayer la religiosa clarisa sor María Amparo, la que fuera portera de Belorado, decidió contar en primera persona el viacrucis que padeció. «Ellas lo tenían todo planeado, pero el capítulo de la comunidad no tenía ni idea», afirmó en una rueda de prensa en la que desveló que la decisión de abandonar la Iglesia católica no tendría validez jurídica en tanto que no se hizo por el procedimiento reglado.

De ahí se deduce que las monjas rebeldes no serían las legítimas propietarias del convento. «Sor Isabel ya lo tenía previsto», destacó, pues la llevaron de inmediato al convento de las clarisas en Castil de Lences, en la provincia de Burgos, sin tan siquiera avisar a las religiosas que allí viven de que la dejaban. «Mi casa es Belorado, y son mis hermanas mayores lo que más me cuesta», sentenció, denunciando que no ha podido tener contacto con estas religiosas ancianas.