Compartir coche es legal siempre que no se haga como negocio

¿Es legal usar Uber? ¿Me pueden multar si me descargo BlaBlaCar? ¿Me pueden sancionar si me limito a ser un cliente o sólo si ejerzo la conducción? Durante los últimos meses, estas preguntas se han multiplicado entre los usuarios de coches compartidos, una modalidad de transporte con la que, aseguran, ganan en comodidad y ahorran en gastos. Sobre todo a raíz de que la app Uber, con sede en Francisco, disponible para Android e IOS, y presente en 128 ciudades de 37 países, comenzara a operar el pasado mes de abril en Barcelona bajo el nombre de Uberpop. Una aplicación que ha puesto en pie de guerra a todo el sector del taxi. Los conductores harán huelga hoy en Madrid durante 24 horas y han convocado una manifestación, que recorrerá la Plaza de Cuzco hasta el Ministerio de Fomento y que espera congregar a más de 10.000 representantes del gremio de toda España. Pero la protesta va más allá de nuestras fronteras. En Londres se ha preparado una congregación similar en la Plaza de Trafalgar; en Milán se ha convocado una huelga desde las 8:00 hasta las 22:00 horas; en Berlín tienen previsto manifestarse en la zona de Kurfürstendamm... En Bélgica no se llevará a cabo protesta, por la sencilla razón de que la aplicación ha sido considerada ilegal.

Según lo manifestado estos días por el Ministerio de Fomento, una aplicación como Uber es ilegal. Tanto si se ejerce de usuario como de conductor. A través de esta app, un conductor con vehículo propio se ofrece como chófer, se pone en contacto con un usuario a través de la aplicación que le solicita un servicio y que tiene que abonar una tarifa fijada por Uber, quedándose la compañía norteamericana con un 20%. Dicho de otra forma: el chófer ejerce de taxista. En este sentido, Fomento fue claro. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) estima que tanto las personas como las empresas que realizan «transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica» deben encontrarse «previamente autorizados por la Administración». Algo de lo que carecen los conductores de Uber. Así, la ley prevé sanciones de 6.000 euros –18.000 en el caso de infracciones reiteradas– a aquellas personas que «materialmente realicen esos servicios con sus vehículos», pero también con multas de hasta 600 euros para los usuarios que los soliciten.

Similares, pero legales

El tema de contar con licencia resulta clave. Por ejemplo, Cabify, una joven «startup» española que opera en varias ciudades ejerce un servicio similar al de Uber pero con una gran diferencia. «Nuestros conductores cuentan con licencia VTC, que las conceden cada comunidad autónoma, y que se otorgan para coches con chófer», explica David Núñez, director de marketing de Cabify. De hecho, no han tenido ningún problema legal. Ahora bien, eso no quita que esta empresa pida reformas. «Siempre actuamos conforme a la ley. Pero esperamos que la legislación cambie, porque debe adaptarse a los tiempos que corren», explica Sánchez.

Ahora bien, el caso de BlaBlaCar, otra de las apps que también han estado en el punto de mira estos días, va aparte, según reconocieron fuentes de Fomento a LA RAZÓN. Vincent Rosso, responsable de BlaBlaCar España, explica a este diario que su app funciona sobre todo como una «red social». Y es que esta empresa, con ocho millones de usuarios en 12 países y presente en España desde enero de 2012, se limita a servir de intermediario entre varios usuarios que quieran realizar un trayecto largo –interurbano– y repartiendo gastos. «Proponemos un precio según la distancia, pero viene a ser un acuerdo privado entre los interesados», explica Rosso. De está forma, un trayecto entre Madrid y Valencia compartido por tres usuarios puede salir a 15 euros por cabeza. Por otro lado, la empresa asegura que «no ha obtenido ningún beneficio» con estas operaciones y que ahora mismo se encuentra «en fase de implantación el cobro de una comisión». En este sentido, desde Fomento aclararon que «el uso privado y compartido de un vehículo no requiere autorización».

En medio de este debate, el gran perjudicado es el sector del taxi. El presidente de la Gremial del Taxi, Julio Moreno, afirma que su sector, del que «viven 100.000 familias», se enfrenta a la «desaparición». Para Moreno, apps como Uber «no cuentan con profesionalidad ni con un seguro, no pagan impuestos, no hay una ''cara'' específica... No podemos permitir que se salten la legislación». Además, recuerda que en ciudades extranjeras «se han dado estafas y secuestros» asociados a la app. Además, avisa de que sus responsables están pensando en abrir «delegaciones» en Madrid y Bilbao.

En su contra parece que tienen a la Comisión Europea. De hecho, Bruselas rechazó ayer la idea de multar a los usuarios. «Uber no es el enemigo de los taxistas. Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje. Es el momento para que los taxis, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar», aseguró ayer Neelie Kroes, comisaria europea de Agenda Digital.

Tres conductores encaran multas de 6.000 euros

Parece que Uber podría sufrir sus primeras sanciones económicas dentro de dos meses. Concretamente en Cataluña, única comunidad en la que opera a día de hoy. Ése es el plazo que estima el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Según confirmaron fuentes del departamento a este periódico, tras iniciarse el proceso sancionador al no contarse con las autorizaciones administrativas previas, la propia compañía y «tres conductores» se enfrentan a una multa de 6.000 euros cada uno. Con todo, «a medida que se vayan identificando» a más conductores, se producirán más procesos. Ahora mismo, estas personas cuentan con 15 días para alegar. Hay que apuntar que la propia Generalitat pidió ayer a la empresa, a través de un comunicado, el cese inmediato de su actividad en Cataluña por estar realizando un transporte de personas por cuenta ajena mediante una retribución.