Una vez más, el caso francés ha servido de ejemplo para España y, en esta ocasión, ha sido para dar un respiro a nuestro país. El Ejecutivo comunitario anunció ayer, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la retirada de su denuncia contra el modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), aprobado en 2010 y que prevé una tasa a las empresas de telecomunicaciones.

De este modo, se elimina la incertidumbre que existía sobre el modelo de financiación de RTVE, que entró en vigor en septiembre de 2009, por el cual se suprimía la publicidad en TVE y se obligaba a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.

Después de que el Tribunal de Estrasburgo decidiera el pasado 27 de junio que la tasa impuesta por Francia a los operadores de telecomunicaciones en 2009 –en la que se inspiró España– «no viola las normas de telecomunicaciones de la UE», la Comisión Europea ha entendido el mensaje y se ha visto obligada a retirar las demandas que mantenía ante la corte contra España y Hungría por casos similares.

En el centro del debate se encuentra la aplicación del artículo 12 de la directiva europea relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, según la cual los cargos administrativos impuestos específicamente a operadores de telecomunicaciones «deben cubrir únicamente los costes relacionados con la gestión y regulación del sector».

En concreto, la justicia europea considera ahora que la tasa a las «telecos» no vulnera las normas comunitarias en materia de telecomunicaciones, con el argumento de que no tiene como objetivo cubrir los gastos de regulación del sector, sino que responde a un hecho imponible distinto que no está cubierto por las normas de la UE.

El Tribunal de la UE todavía no ha recibido la comunicación oficial de la Comisión de que desiste del caso, pero, según se espera, podría archivar el caso directamente o seguir con el proceso y emitir sentencia para crear jurisprudencia al respecto.

La decisión de la Comisión es por tanto un balón de oxígeno para la televisión pública. El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, había calificado de «espada de Damocles» el proceso judicial que afrontaba la corporación ante el TUE, por lo que ahora se despeja el camino legal, aunque resta el asunto de la viabilidad económica.

El año pasado, RTVE recibió 150 millones de euros de las empresas de telecomunicaciones y para 2013 esperan que los ingresos se reduzcan hasta los 120 millones de euros, menos de la mitad de lo que la televisión pública recibía de las «telecos» en 2010. De hecho, hay operadores, como Vodafone, que venía aportando 30 millones de euros a la corporación, que han dejado de prestar servicios audiovisuales y de publicidad con el fin de eludir la tasa de RTVE.